Poca política, mucha administración

Uno de los grandes problemas que tienen los países en desarrollo figura en la organización que hacen los líderes políticos del gobierno, de manera que el Estado, en su función liberal de brindar las condiciones mínimas, básicas y necesarias para el desarrollo de las actividades sociales, es manejado en su aspecto técnico de manera incorrecta.

Entre administradores es bien sabido que el principal obstáculo para el desarrollo de la ciencia administrativa y para la implementación correcta de los principios de eficiencia, eficacia y productividad a nivel público es el sometimiento de la administración pública hacia la política.

La definición de administración tiene su origen en la palabra latina admninistratio, la cual deriva de ad y ministrare que quiere decir servir, de manera que el concepto nos orienta hacia aquello que sirve o que presta servicios.

Algunos autores como Isaac Guzmán Valdivia ven la administración como “la dirección eficaz de las actividades y la colaboración de otras personas para obtener determinados resultados”.

En términos más sencillos podremos entender por administración el logro de objetivos concretos mediante otras personas, esto es alcanzar nuestros fines, de manera organizada, contando con una dirección que delimite el camino más corto, en coordinación con un grupo social organizado y jerarquizado.  

El primer administrador en países como los iberoamericanos es el presidente, ya que como bien lo afirmaba el jurista mexicano Jorge Carpizo -a quien rendimos nuestros más respetables honores- en América Latina el poder ejecutivo ha concentrado una serie de capacidades tanto constitucionales como metaconstituciones (más allá de la constitución) que lo hacen tener mayor influencia que los otros poderes (Legislativo y Judicial) en el sistema político de sus respectivas naciones.

El problema de fondo radica en que muchas veces quienes encabezan una dirección gubernamental no conocen los principios básicos de la administración, de manera que sobreponen sus intereses particulares sobre los de la organización misma, con lo cual no sólo contradicen uno de los principios básicos de Henri Fayol (uno de los padres de la ciencia de la administración), sino que estancan y retrasan el desarrollo administrativo de sus respectivos órganos.

Hay que dejar en claro que las instituciones nacionales dependen de los impuestos e ingresos de los gobiernos, por lo que sus recursos no pueden pertenecer a un grupo político en particular, sino que son de la colectividad. El dueño de las organizaciones estatales son los ciudadanos, quienes fungen como proveedores de recursos, usuarios de servicios y propietarios, por lo que es una obligación del Estado brindar justa transparencia de los programas, acciones y proyectos que emprenda, no por una cuestión de legitimidad, sino como un mero ejercicio de rendición de cuentas a los únicos dueños de los recursos públicos.

La administración pública tiene siglos de historia, ha estado presente desde las primeras manifestaciones de organización social del hombre, pero su evolución ha sido lenta y compleja ante el dominio que ejercen los asuntos políticos. En cambio, la administración privada, cuyo desarrollo fue consecuencia de la revolución industrial, avanza a pasos agigantados, siendo su móvil el beneficio de una colectividad determinada (que asegura la continuidad por diversos medios), ofreciendo hoy modelos tan adelantados que difícilmente podrían aplicarse al ámbito público.

Pese a ser uno de los grandes problemas de los países en desarrollo, la injerencia de la política en asuntos de la administración no parece ceder; aún persiste la idea entre quienes nos gobiernan que los recursos públicos se tornan del color del partido que llegué al poder, y ante la falta de candados o castigos hacia quien hurte la riqueza nacional, esta práctica que es tradicional, se convierte en una conducta socialmente aceptada.

La solución al problema no es la panacea, ya lo decía el gran estadista oaxaqueño Porfirio Díaz “poca política y mucha administración”. Una versión contemporánea nos conminaría a generar de un servicio civil o profesional de carrera, que llegué al aparato burocrático gracias a sus capacidades y no a sus relaciones, que tenga una continuidad basada en el mérito, no en el servilismo, que esté protegido de los cambios políticos, pero que esté en constante escrutinio por parte de los aparatos de que evalúan la función pública.

Si seguimos formateando y reinventando los gobiernos cada 3 o 6 años, condenaremos a nuestras naciones a comenzar de cero eternamente. Para que una política pública sea efectiva requiere de un plazo prudente para su desarrollo. Un modelo nacional a largo plazo ha sido el medio para que países como China, India, Irlanda, Japón e incluso Chile, alcancen estándares que serían imposibles sin el factor de la continuidad.

© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios informativos en Latinoamérica. Marzo 2012.