Los grandes problemas de los países en desarrollo parecen provenir de
una fuente inagotable, capaz de orillar a los Estados a implementar políticas
de acuerdo a la inmediatez, sin planear y aún más importante sin prever con
base en las claras señales que brindan los estudios que sus propias
instituciones realizan.
En esta columna hemos planteado en diversas ocasiones que la mejor
política pública, aunque la menos atractiva en términos electorales, es la
prevención. Sin embargo, en países con profundos problemas estructurales como
los latinoamericanos, toda política pública que busque ser efectiva debe tener
un componente bidimensional, como lo sostiene el catedrático mexicano Antonio Morales
Aviña, de contención y prevención.
Problemas estructurales como la corrupción, que permea tanto hogares
como instituciones públicas o al sector privado, representan excelentes escenarios
de oportunidad para implementar esta fórmula bidimensional, sobre todo cuando
el estado de las cosas revela que existe una severa crisis de credibilidad y
legitimidad en las instituciones políticas en México.
Si nos concentramos en las instituciones consideradas como las más
corruptas por los ciudadanos, los partidos políticos, podríamos plantear que un
posible esquema de contención a este enorme mal en México, sería reforzar los
canales de control, transparencia y rendición de cuentas de estos institutos
políticos.
Sin embargo, estos mecanismos podrían enriquecerse si se le implementará
un proceso que ha sido parte de la “mejora organizacional” de diversas agencias
públicas: la descentralización. Si bien los partidos políticos son considerados
“canales oficiales” para convertir las demandas ciudadanas en políticas
públicas, su sentido de territorialidad obedece a un principio jerárquico,
idéntico al criticado modelo burocrático.
Dicha descentralización consistiría en brindarle más facultades discrecionales,
y por ende hacer más responsables, a los líderes partidistas locales de sus
acciones, tomando en cuenta el desarrollo de métodos de vigilancia y monitoreo
de los mismos. Al final de cuentas, la labor principal de los partidos
políticos locales, así como de los representantes populares que de ellos emanan,
es defender el interés general de los ciudadanos que habitan dentro de su demarcación
territorial.
Por otro lado, una adecuada estrategia de prevención podría enfocarse en
implementar esquemas de educación cívica, ya que como afirma el catedrático
japonés Noritada Matsuda una persona educada en sus deberes y facultades es una
persona activa en su participación, es decir, es un ciudadano. La Encuesta
Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP 2012) revela que
5 de cada 10 mexicanos percibe que la política es muy complicada, solo el 40% sabe
cuánto dura correctamente el periodo de un diputado, y 51% está poco o nada
satisfecho con la democracia del país.
Estas medidas de prevención empoderarían a las nuevas generaciones a
utilizar todos los recursos que la democracia ofrece, aprovechando la enorme
cualidad participativa de los mexicanos, que como bien identifica el Secretario
General de la OEA José Miguel Insulza, es sumamente activa en términos
políticos, pero no utiliza los canales oficiales para ejercer sus demandas.
En este tenor, es necesario des-tecnificar a la democracia,
ciudadanizarla, para que las personas se activen como ciudadanos y exijan, de
acuerdo a las facultades de la ley, un adecuado desempeño por parte de sus
representantes populares.
Acercar la democracia a la ciudadanía, como medida de prevención, se
hace imprescindible tomando en cuenta los cambios que está sufriendo el
paradigma del poder en el siglo XXI. El renombrado analista internacional Moisés
Naím identifica que la carencia de credibilidad y legitimidad que experimentan
los partidos políticos es parte de una tendencia internacional, la cual se
caracteriza por la disipación del poder entre los actores tradicionales y
nuevos actores. Ello explica por qué hoy en día la presión de las
manifestaciones populares puede influir de forma contundente en importantes
decisiones políticas, algo que simplemente era impensable en décadas pasadas. Las
instituciones tradicionales en la actualidad tienen menos poder que sus
antecesoras, debiendo hacer demasiados cálculos antes de ejercer alguna acción,
con el fin de no afectar intereses que pueden poner en jaque la estabilidad del
Estado.
Una posible solución a este escenario sería incluir a los nuevos actores
(micro poderes) dentro de la estrategia. Esto es, aprovechar las ventajas de la
pluralidad democrática para resolver problemas que amenazan el equilibrio
social y político en el país. Sin embargo, ello implica el diseño de nuevos
mecanismos de participación que gocen de legitimidad y aceptación entre todos
los actores.
Hobbes decía en el Leviatán que la naturaleza humana está basada en una
competencia constante por el poder, que puede llevarnos a la anarquía y por
ende a la destrucción. Sin embargo, si la búsqueda personal de poder coincide
en un objetivo común, se pueden construir escenarios de paz y prosperidad.
Quizás el gran reto es redefinir esta idea del objetivo común, queda para la
reflexión.
© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios
informativos en Latinoamérica. Octubre 2014
