El Estado
es el trabajo en equipo más complicado, complejo y necesario que existe. Nos
queda claro que es un elemento imprescindible para la nación, pero ello no
significa que sean necesarias administraciones robustas, grandes estructuras o
un ejército de burócratas que conformen gigantes de pies de plomo.
Por
el contrario, lo que precisamos, sobre todo en los países en desarrollo, es de
gobiernos legítimos, efectivos (eficientes y eficaces) y flexibles. El papel de
las administraciones públicas, no es otro que generar las oportunidades para
que los individuos se desarrollen en el ámbito cultural, político, económico, intelectual,
etc., donde tengamos como valor fundamental a la libertad, tomando en cuenta
que la mejor forma de proporcionarla será mediante la generación de mejores
escenarios para crecimiento de los ciudadanos.
Esto
no quiere decir que otros valores como la tolerancia, la igualdad, la comunidad
no sean importantes, al contrario, la complejidad del Estado requiere que se
tomen en cuenta éstos y más, porque al final de cuentas la administración es un
ejercicio simultaneo, donde distintos procesos se implementan al mismo tiempo.
Pero,
¿cómo lograr gobiernos legítimos, efectivos y flexibles? Antes de acercarnos a
una respuesta para esta interrogante es sustancial aclarar que hoy en día,
existe un consenso en que las políticas públicas contribuyen en la resolución
de los problemas sociales, pero para ser determinantes necesitan del apoyo de
la población.
Y es
justamente a nivel de la población cómo se pueden lograr las tres cualidades
mencionadas en la pregunta anterior. En primer lugar, la legitimidad es una
cualidad que se logra con la participación; si queremos tener gobiernos
legítimos, debemos llevar las demandas ciudadanas al gobierno de mejor manera,
como lo hemos mencionado en repetidas ocasiones en esta columna; la democracia
va más allá del momento del voto, debe ser un ejercicio constante, porque
democracia es crecer con el Estado participando en las decisiones de la vida
pública.
Quizás
se preguntara estimado lector cómo convertir esta buena intención en realidad,
la respuesta es simple, pero conlleva un trabajo inmenso: Es necesario que
cambiemos la perspectiva de los órdenes de gobierno, porque es más efectivo
nutrir una política pública desde el ámbito local hacia el nacional, en vez de
hacerlo al revés, ya que los gobiernos locales tienen mayor cercanía con los
ciudadanos.
Sin
embargo, esto no se queda ahí, los gobiernos locales basan su legitimidad en la
participación de los ciudadanos, en el poder de injerencia que tienen los
mismos en los asuntos públicos; no hay nada más democrático que un pueblo que
se gobierna a sí mismo de forma directa y representativa. Mecanismos para
lograr esta participación son diversos, podemos mencionar a los consejos
ciudadanos, el referéndum, el plebiscito, los diálogos con expertos, ONG’s,
etc.
Sin
embargo, todo gobierno y sobre todo en el ámbito local necesita de tener
mecanismos de evaluación de su desempeño, que permitan que los ciudadanos tengan
una lectura más adecuada de cómo se administran los recursos públicos. El
instrumento ideal para ello puede presentarse mediante la implementación de los
principios de la “Nueva Gerencia Pública”, una corriente de la administración
pública que no es nada nueva, pues comenzó a implementarse en los 80´s, pero
que cambia la perspectiva del gobierno, de ser un órgano paternalista, para
convertirse en una organización eficiente, que ve al ciudadano como un usuario
de los servicios, no como un ente subordinado.
Nuestros
líderes deben entender que su papel en el gobierno radica en la planeación e
implementación de las mejores estrategias, por lo que requieren de equipos de
trabajo especializados en los temas del Estado, porque idealmente no ejercen un
cargo de jerarquía para velar por sus intereses, sino que están ahí porque su
proyecto generará los mejores resultados para los ciudadanos.
Aquello
implica pensar a largo plazo, para institucionalizar con una visión prospectiva
indicadores de desempeño mínimos que cada gobernante tenga por obligación que
cumplir, con lo cual tendremos mejores gobiernos, más transparentes y abiertos
a la rendición de cuentas, disminuyendo con ello las oportunidades para que se
presente el gran cáncer de Latinoamérica; la corrupción.
La
realidad es que en América Latina penosamente observamos que algunos líderes de
la región, utilizando el dogma ideológico, más que la racionalidad del
estadista, han apostado por generar cuerpos administrativos robustos, que más
que servir a los ciudadanos se convierten en estructuras corporativistas, que
acorde a su tamaño garantizan la continuidad de una elite de políticos en el
poder, que ha sabido venderse a un pueblo que clama por justicia social, usando
poesías políticas de intangibles resultados, que solo alborotan el espíritu,
pero que no se traducen en bienestar para los ciudadanos.
Sin
lugar a dudas nuestra gran región necesita evolucionar y quienes compartimos este
anhelo debemos participar en el quehacer de nuestro Estado, utilizando instrumentos
concretos que nos permitan ampliar nuestro poder ciudadano. Es una tarea
difícil, sin duda alguna, que requiere de organización y de objetivos claros; porque
los grandes cambios, en términos de desarrollo, se hacen de lo particular a lo colectivo;
desde el hogar a la comunidad, nacen en el individuo y transforman a la
sociedad.
©
Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios informativos
en Latinoamérica. Agosto 2013.
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