Hoy en día, después de haber pasado por un complejo
proceso democratizador, en el que nos hemos convencido de que el gobierno del
pueblo en los términos de la representatividad de la democracia moderna es la
mejor manera de gestión pública, el ciudadano ordinario exige nuevas formas de transparencia
y rendición de cuentas, demanda gobiernos de resultados, no sólo de planes o
programas, requiere saber en dónde se gasta el recurso público y qué impacto tiene
en el cumplimiento de la función primordial del Estado: generar los escenarios
de bienestar y oportunidades para el desarrollo de la población.
Ante estas exigencias, diversos organismos internacionales
han impulsado mecanismos y modelos que replican las “buenas prácticas” empresariales
que han sido utilizadas por los países desarrollados y que intentan subsanar
las lagunas que han caracterizado a los gobiernos Iberoamericanos como entes
cerrados, despreocupados y despóticos con sus gobernados.
Justamente la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) desde 2005 impulsa la instauración de un modelo gerencia por resultados
(GpR), en el que los gobiernos deben planear sobre problemas establecidos,
diseñar con miras a atender estos problemas, implementar tomando en cuenta a
todos los actores involucrados y fijar metas medibles, que le permitan
identificar en qué momento hay distorsiones para corregirlas de manera
subsecuente.
En pocas palabras estamos hablando de un modelo que
tome en cuenta el ciclo completo de las Políticas Públicas y que tenga como
variable constante la generación de –valor público- esto es que impacten positivamente
a una población objetivo, que carezca de las condiciones de bienestar y
oportunidades que el estado está obligado a proporcionarle.
Para lograr lo anterior es necesario, en un primer
momento, cambiar el paradigma de la utilización de los recursos públicos como
si fueran un “gasto” y comenzar a verlo como lo que realmente son: una
inversión a futuro. Así planeamos con base en la prospectiva, de forma que se
generan escenarios deseados, indeseados y ambiguos sobre cómo estará la
población en términos de la aplicación de determinadas políticas públicas.
Por ejemplo, si un gobierno identifica que uno de los
problemas de la población es el bajo nivel de escolaridad, la respuesta debe
versar en combatir este rezago. La manera de hacerlo no sólo depende de la
construcción de más escuelas, sino del aumento de la calidad educativa, la
formulación de estrategias para llevar educación a quienes viven en las
localidades más alejadas, la mejora en los planes y programas educativos, y
todo esto debe ser medible al mediano plazo, de manera que se pueda responder
con efectividad, economía y eficiencia.
Muchos países de Iberoamérica han comenzado a
instaurar cambios en su legislación con el fin de aplicar Modelo de Gestión por
Resultados, de manera que han enmendado su Ley de Planeación, a favor de la
instauración de mecanismos de evaluación, seguimiento y control en las
actividades presupuestarias. Sin embargo, la mayoría de los estados se
encuentran en la construcción de los cimientos de este nuevo sistema, que lleva
avances significativos, pero que al igual que la mayoría de cuestiones
administrativas depende en gran medida de la voluntad política.
Se suma a este problema la inexperiencia de los
funcionarios y servidores públicos para ejercer una gestión por resultados; ver
al recurso público en forma de inversión y no de gasto; generar indicadores
compatibles a nivel nacional; utilizar matrices de marco lógico en sus planes y
programas sociales; planear a largo plazo, revisar la pertinencia de ciertos programas
agotados; así como el excesivo costo de las evaluaciones por parte de
consultores y otros agentes externos, etc.
Sin embargo, pese a esta autocritica debemos resaltar
que el modelo ya se ha echado a andar. Muchos países ya identifican los principales
problemas de su población en aras de actuar en consecuencia. La
profesionalización de los servidores públicos encargados de la planeación y
presupuestación es una realidad, de manera que se ve cada vez más tangible la
continuidad, el seguimiento, la evaluación y la retroalimentación de las
políticas públicas, haciéndolas sostenibles.
Es necesario cambiar el paradigma en la aplicación de
políticas públicas que busquen hacer frente a la pobreza, hay que mirar el
desarrollo desde otro ángulo. Los problemas de una sociedad nunca han sido
verticales u horizontales, sino que son multidimensionales, tienen una
profundidad, uno o más orígenes, por lo que el éxito de las políticas públicas
enfocadas a su tratamiento derivará en qué tan bien o mal se prioricen los
problemas y que tan lógico, racional o incauto sea el gobierno para
interpretarlos.
Al final de cuentas, en teoría, todos los actores
involucrados en el proceso de desarrollo de un país, llámese sector público o
privado, desde instituciones, partidos políticos, ordenes territoriales,
poderes, hasta empresas y sociedad civil, tienen un objetivo común: el
desarrollo. Porque al igual que la pobreza y la desigualdad, que son virus
fácilmente transmisibles de forma intergenaracional, la riqueza y la bonanza
económica también se pueden replicar fácilmente si se ejercen buenas prácticas
gubernamentales y se refuerzan los valores nacionales en la sociedad.
© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos
periódicos y medios informativos en Latinoamérica. Junio 2012
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