El
desarrollo social es la piedra angular que toda nación aspira a alcanzar para
vivir en prosperidad y con paz social; es el detonante para lograr países más
justos, que aseguren un marco digno e igualitario de oportunidades para todas
las personas.
América
Latina es una región que en los últimos años se ha caracterizado por mantener
el orden social, lo cual le ha permitido tener una dinámica de crecimiento
económico y atracción de inversión que lo ubican, gracias a efectivas políticas
públicas, entre los principales polos de atracción a nivel mundial.
Este
dinamismo amplía sus logros en la medida en la que permea en la sociedad; en el
tejido social de la comunidad, labor que precisa, en un primer momento del
reconocimiento de las problemáticas que atender, así como también de la
voluntad de los actores públicos para actuar en consecuencia. Al final de
cuentas, si el crecimiento económico y la inversión no influyen de forma
directa y positiva en la sociedad, poca utilidad tienen para la razón del
Estado.
El
desarrollo social en América Latina es una tarea inconclusa, donde podemos
ubicar que un tercio de su población (alrededor de 190 millones de personas)
vive por debajo de la línea de la pobreza. Así, de acuerdo con el Banco
Mundial, en promedio un 17% de la población de la región vive con menos de $2
dólares al día (100 millones de latinoamericanos). La situación se agrava si
tomamos el dato proporcionalmente, de manera que en países como Honduras,
Colombia, Guatemala y Nicaragua el 40% de la población vive con menos de $3
dólares por jornada.
Nuestra
región es una de las más ricas del mundo, pues la mayoría de países crecen a
tasas superiores al 3%, en un momento en el que los europeos forzadamente
llegan al 1%, sin embargo, el problema no está en el ingreso, sino en la manera
en la que se distribuye.
La
justicia distributiva es uno de los grandes pendientes que tiene nuestra
región; diez de los países más inequitativos del mundo está en América Latina;
alrededor del 20% de la población más rica de la región concentra el 60% del
ingreso de la misma, mientras que el 20% más pobre apenas recibe el 3% de los
ingresos.
La
pobreza y el hambre son dos males estructurales que desconocen las fronteras
políticas e institucionales; que están presentes en gran parte de las
localidades, municipios o departamentos y prácticamente en todos los países de nuestra
región.
Sabemos
que hoy en día los recursos para una política de desarrollo social integral
están limitados por los presupuestos que no pueden atender a todas la población
y que tienden a centrarse en los más vulnerables, es por ello que los
ciudadanos debemos sumarnos para complementar las acciones de los gobiernos
para combatir los rezagos sociales.
Con
la apertura de conciencia en los latinoamericanos, nuestra región podrá
comenzar una nueva etapa en materia de política social, en una fase donde los
actores públicos decidan movilizar sus acciones, al ritmo de una sinergia que
se traduzca en grandes reformas y cambios que construyan con determinación la
Iberoamérica que todos queremos.
En
México y Brasil por ejemplo se ha decidido hacer frente a problemas
particulares como la pobreza y el hambre con un instrumento de coordinación,
colaboración y vinculación de la Política Social que, precisamente, tiene como
objetivo generar bienestar para la población que más lo necesita desde un solo
mecanismo denominado: La cruzada SINHAMBRE o la estrategia CERO HAMBRE.
Dichas
iniciativas suponen mecanismos para la
implementación de la Política Social, donde convergerán los órdenes de
gobierno y la sociedad civil organizada, mediante instrumentos vanguardistas,
que marcan una pauta en la vida institucional del Estado y sus habitantes.
Debemos
aprovechar el fenómeno de la globalización, que más allá de beneficiarnos hoy
en día por la inmensa cantidad de información, contenidos y por la posibilidad
de contar con macrovías de comunicación, nos mantiene en la era de la
distracción, perdiendo posibilidades para hacer de estas vías el camino
adecuado para intercambiar información de utilidad, en favor de quienes más lo
necesitan.
América
Latina requiere de una globalización equitativa, que sea resultado de una efectiva promoción de
la protección social, del dialogo con los ciudadanos, del acceso a
oportunidades laborales. Es necesario
que materialicemos una verdadera justicia social, que derive del
involucramiento de la comunidad en las funciones más sociales del Estado, porque
es un elemento fundamental para una convivencia pacífica y próspera,
Los
ciudadanos de hoy queremos resultados; queremos congruencia en el actuar
gubernamental, porque al participar con el gobierno; al sumarnos para hacer equipo, buscamos construir naciones
inclusivas, equitativas y sostenibles, que en forma de progreso y con justicia
social, materialicen el enorme potencial que tienen las y los latinoamericanos.
©
Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios informativos
en Latinoamérica. Mayo 2013
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