Medir para servir mejor

La sociedad avanza siempre a una velocidad superior en comparación con la dinámica de la administración pública. Estamos cada vez más cerca de una nueva generación de ciudadanos que demandan mejores servicios públicos, que exigen ser tratados con calidad y calidez, que consumen solo los mejores bienes, al menor costo.

Cuando Max Weber propuso en el siglo XIX el modelo burocrático como una forma de organización en el Estado, ante la complejidad que implica la administración de las funciones de lo público, no era posible prever que dicho modelo sería rebasado por su propia complejidad e incluso que tendría que avanzar a una forma más sofisticada de organización, como comenzaba a serlo el modelo de gerencia en el sector privado.

Este último avanzó de manera espectacular durante el siglo XX con una idea sencilla y congruente: organizar para generar la mayor cantidad de ganancias al menor costo para el dueño o dueños de la empresa, y fue tan exitoso que incluso el sector público volteó a lo privado para aprender sus técnicas de administración, las cuales se basaban en una medición constante del desempeño de las actividades y de un proceso de evaluación continuo, que ubica cuando no se alcanzan las metas deseadas, en qué parte del proceso está el error, para corregirlo y mantener las deseadas ganancias.

El uso de las estadísticas facilita en mucho el actuar gubernamental, permite medir tanto la efectividad de los gobiernos, que hoy en día no tienen la responsabilidad de modificar las dinámicas sociales; sino que contribuyen en su  transformación, así como la viabilidad de los programas, sobre todo de corte social, siguiendo la máxima de que “lo que no se mide no se conoce, y lo que no se conoce, no se puede resolver”.

Sin lugar a dudas el sistematizar la información de los registros administrativos es una herramienta que alienta la construcción de una ciudadanía más informada, que demanda gobiernos transparentes, cercanos y abiertos, que sean ventanas al desempeño gubernamental. Esto ha sido ampliamente entendido por los gobiernos de Latinoamérica, los cuales por recomendación de diversos organismos internacionales; llámese el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), o el Fondo Monetario Internacional (FMI); han comenzado la implementación de un “Sistema de Evaluación de Desempeño”, esto es, trabajar con base en resultados medibles.

En pocas palabras estamos hablando de un modelo que toma en cuenta el ciclo completo de las Políticas Públicas y que tiene como variable constante la generación de –valor público- lo que significa que impacten positivamente a una población objetivo, que carezca de las condiciones de bienestar y oportunidades que el Estado está obligado a proporcionarle.

Muchos países de Iberoamérica han comenzado a instaurar cambios en su legislación con el fin de aplicar Modelo de Gestión por Resultados (GpR), de manera que han enmendado su Ley de Planeación, a favor de la instauración de mecanismos de evaluación, seguimiento y control en las actividades presupuestarias. Sin embargo, la mayoría de los Estados se encuentran en la construcción de los cimientos de este nuevo sistema, que lleva avances significativos, pero que al igual que la mayoría de cuestiones administrativas depende en gran medida de la voluntad política.

Si bien es cierto, dicho modelo puede generar externalidades positivas en el ejercicio de la administración pública, como el hecho de constar con información sistematizada, confiable y al alcance de los ciudadanos, no todo es miel sobre hojuelas tanto en el Modelo de GpR como en el uso excesivo de las estadísticas por parte de los gobiernos.

Como primera crítica podemos ver que el Modelo GpR es una doble importación. En primer lugar es una herencia del sector privado, que hoy en día se rige con modelos administrativos más avanzados y dinámicos. En segundo lugar es un modelo que se importa de las empresas de los países desarrollados, de manera que no responde a la realidad que vivimos en América Latina, donde es escaza la mano de obra técnica y calificada respecto al tema, a nivel de los gobiernos nacionales, estatales o municipales.

La segunda critica se refiere al uso excesivo de la estadística, a querer contabilizarlo todo, lo cual puede afectar la labor ejecutiva y operativa del gobierno, sobre todo si tomamos en cuenta que la idea general de los líderes gubernamentales y de muchos ciudadanos es reducir el tamaño del Estado para “hacer más con menos”, de forma que se deja a la deriva la decisión de “ejecutar o medir”.

Pese a lo anterior podemos decir que las estadísticas son sumamente útiles cuando se tienen metas claras y se conocen las limitaciones de las mismas, porque al final de cuentas un indicador solo nos brinda una fotografía instantánea de un momento en particular, además de que se construye con la subjetividad del investigador que lo genera. Lo más importante de -medir para servir mejor- es tener en cuenta que sin ciudadanos interesados en la información, las estadísticas pierden congruencia y razón de ser, si las instituciones públicas no las “ciudadanizan” habremos gastado muchísimos recursos humanos y financieros en una tarea sin sentido para la ciudadanía.

© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios informativos en Latinoamérica. Enero 2014