Edgar
Morin decía que para concebir una problemática es necesario convertirse en un
observador de segundo grado, esto es,
tratar de visualizar el fenómeno en todas sus matices, desde afuera, verlo de
manera panorámica para tener un mejor entendimiento y darle correcta lectura a
todas las señales que no son evidentes, a aquello que se lee entre líneas y que
pocas veces se presenta con el objetivo principal por frente. Al final de
cuentas en política no hay franquezas, sólo señales y mensajes cifrados.
No
cabe ninguna duda que el sello que el actual presidente de México quiere darle
a su administración es de reformista. Aquella es una estrategia hábil, pues
hace poco más de un año los principales analistas del país hablaban de la
necesidad de las llamadas “reformas estructurales”, comentaban sobre el
estancamiento legislativo de la década pasada; de cómo Vicente Fox no supo
aprovechar el bono democrático y cómo Felipe Calderón se centró más en tratar
de legitimarse, por medio de una fallida estrategia de seguridad, que en hacer
acuerdos para implementar los cambios legislativos que ansiaba nuestro país.
Sin
embargo, pese a este espíritu reformista que ha permitido que se concreten la
Reforma a la Constitución en materia educativa y la Reforma en materia de
Telecomunicaciones y de Competencia Económica; además de la presentación de las
iniciativas de Reforma Energética y Fiscal, el Gobierno de la República está
lidiando con una variable que ha estado presente en México desde el regreso a
la vida democrática, que se vincula más con el descontento de unos cuantos, que
con la legitima defensa del interés nacional.
Estos
grupos, en una contradicción absoluta, desconocen a las instituciones
legalmente establecidas y a sus canales de negociación, paradójicamente, desde
sus propias instituciones, recurriendo a las manifestaciones que desestabilizan
a la ciudad más importante del país; afectando la economía; deslegitimando
movimientos que enarbolan banderas de justica y lo que es más grave,
anteponiendo el interés de pocos sobre el de la mayoría.
Aunque
joven, la democracia mexicana cuenta con canales institucionales para que los
ciudadanos y la sociedad civil nos inconformemos con las decisiones de la vida
pública, cuenta con mecanismos para dialogar con nuestros representantes,
quienes tienen la tarea de velar por un interés geo-poblacional más allá de sus
intenciones político-partidistas.
Apostarle
a la defensa de los intereses de un grupo de presión o de un grupo político,
llámese Sindicato de electricistas, CNTE (Maestros) e incluso los mismos
partidos políticos es contribuir en la consolidación de una democracia corporativa;
una democracia de intereses de grupo sobre los intereses de la COLECTIVIDAD.
Me
explico con más detalle: los legisladores federales, que son representantes de
los intereses de una determinación geográfica especifica deberían velar por el
bienestar de la población de ese espacio geográfico, deberían defender lo que a
su “discrecionalidad” sea lo mejor para sus representados, lo cual puede o no
contradecir al interés de “X” o “Y” partido político.
Y
por ello le pregunto estimado lector; ¿acaso su Diputado Federal o su Senador
se ha acercado a usted (a su comunidad) para conocer su opinión respecto a las
importantes reformas en cuestión? ¿Acaso sus representantes han tenido la
“atención” de explicarles cuáles son los elementos centrales de las reformas y
cuáles serán los efectos en su vida cotidiana? Seguramente no, porque en México
seguimos creyendo que un voto vale para que por 3 o 6 años los ciudadanos no
tengamos ninguna incidencia en los temas más importantes de la vida pública;
¡Qué trascendental es el voto en México, que le da una capacidad discrecional ÚNICA
a nuestros representantes!
Sin
embargo, éste no es el principal problema del sistema político mexicano.
Desafortunadamente seguimos planeando nuestra idea del país del centro a la
periferia, de lo general a lo particular. Seguimos pensando en que la
Federación es el ente todopoderoso que delineará el destino de millones, cuando
en “teoría” no existe una jerarquía en los órdenes de gobierno, sino que debería
haber una coordinación y una retroalimentación (comunicación multidireccional),
que en la “práctica” se nubla por la subordinación presupuestal de la que son
sujetos Estados y Municipios.
Esta
breve reflexión no busca convocar a la anarquía en ningún momento, todo lo
contrario, pretendemos que las instituciones se reinventen a sí mismas abriendo
más canales a la participación social; organizando foros, consejos, coloquios,
que permitan escuchar la opinión de la población, y que al hacerla parte,
legitimen las decisiones de nuestros representantes, dando espacio al debate,
al dialogo y a la discusión, como medidas preventivas a las manifestaciones
populares radicales, porque, aunque nuestros argumentos sólo contribuyan al
enriquecimiento de las propuestas, pero no determinen la orientación de las
iniciativas, el acto nos permitirá ser parte de la transformación
institucional, una reforma de conciencia, para tener en claro hacia qué
horizontes estamos llevando a México, el país que heredaremos a las
generaciones venideras.
©
Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios informativos
en Latinoamérica. Septiembre 2013.
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