El rol de los expertos en la democracia

La decadencia de la democracia es una tendencia global que es en parte consecuencia del déficit de confianza y credibilidad que las instituciones publicas experimentan hoy en día. Una de las respuestas que se han propuesto para resolver este problema es la participación de expertos en los debates públicos, con el fin de utilizar la autoridad moral y científica de éstos para contrarrestar los mencionados déficits.

Hay al menos tres preguntas que abren el debate respecto al papel de los expertos en la democracia: ¿Qué esperan los individuos (ciudadanos y políticos) de los expertos? ¿Qué no puede esperarse de los expertos? y ¿Cuáles son los limites de los expertos en los foros públicos?

En este tenor, se puede definir a un experto como un individuo que domina las reglas de un área particular, alguien que tiene experiencia, conocimiento y habilidades suficientes para responder con confianza e intuición a las situaciones que derivan de dicha actividad.  Es así, que su nivel de especialización se enfoca a ciertos campos del conocimiento, algo que normalmente es ignorado por la población.

Las personas esperan que los expertos conozcan todas las respuestas sobre ciertos temas, buscan certeza, asumiendo que los expertos dominan las reglas, y que por tanto son capaces de explicar qué pueden hacer y cómo pueden hacerlo. Los individuos esperan respuestas creíbles con una clara explicación de los procesos.

Esta situación puede generar tenciones en los expertos,             ya que para formular respuestas creíbles y fáciles de entender, tienen que enfrentarse al enorme reto de “convencer” a la población, lo cual es sumamente complicado para un experto, ya que normalmente el uso del lenguaje persuasivo no es parte de sus habilidades.

Para los expertos es igualmente difícil explicar los procesos que les conducen a proporcionar conclusiones respecto a ciertos temas, debido a que al hacerlo tendrían que reducir sus niveles de expertise con el fin de hablar un lenguaje ciudadano que ellos no dominan.

Por otro lado, el rol de los expertos en los asuntos públicos puede ser considerado como una herramienta de validación, esto es, puede servir como soporte para ciertos argumentos políticos, tanto en el ámbito local como en el internacional. De acuerdo con el académico Clark A. Miller de la Universidad de Wisconsin-Madison se ha convertido un requisito que cuando se firma un tratado internacional se crea igualmente un comité científico, esto con el fin de garantizar credibilidad en dicho instrumento jurídico.

Algunos autores como Leah Ceccarelli  de la Universidad de Washington ven con preocupación que los expertos se conviertan en herramientas políticas, pues éstos pueden crear debates o controversias artificiales para beneficiar intereses particulares de grupos en el poder.

En este tenor podría cuestionarse la racionalidad de invitar a los expertos a participar en temas públicos, sobre todo porque idealmente la ciencia se guía por la verdad, mientras que la política lo hace por el poder, de manera que ambas áreas tienen una naturaleza completamente distinta. El adecuado manejo en la relación entre ambas es uno de los grandes retos que tienen incluso las democracias más avanzadas.

Pese a que la población espera que los expertos generen certidumbre en los asuntos públicos, este es un objetivo alejado de la realidad. Mientras que existe la idea generalizada de que la ciencia es rígida y que los expertos son iconos de la verdad, en realidad, de acuerdo con el aclamado académico británico Harry Collins, los expertos deben comunicar a la sociedad que la ciencia no es una sola verdad, ya que su cualidad de cambio es su motor de desarrollo.

La ciencia no debe considerarse un dogma o una verdad religiosa. Cuando los expertos expresan sus opiniones en foros públicos, y las mismas son tomadas en consideración por los actores del poder, no se está desarrollando conocimiento, sino que se está tratando de persuadir a un público especifico para alcanzar un fin determinado.

Podemos decir que el papel de los expertos en los debates públicos contiene argumentos contrastantes. Mientras que la población espera de los expertos certeza, éstos tienen la difícil tarea de enfrentarse a escenarios de gran incertidumbre, porque la ciencia es dinámica. La gente espera que los expertos puedan comunicarse claramente, con argumentos convincentes, sin embargo, los expertos no se concentran en la forma (que es un mecanismo efectivo de persuasión), sino en el fondo, mediante el uso de su conocimiento, intuición, experiencia y confianza.  

Los expertos pueden validar e incluso legitimar argumentos políticos, pues son capaces de enriquecer foros democráticos gracias a su autoridad moral. Sin embargo, si los expertos son utilizados como instrumentos políticos, creando debates artificiales o tomando una posición ideológica, ellos pueden contribuir al incremento en la desconfianza, que las instituciones democráticas ya experimentan hoy en día. 

© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios informativos en Latinoamérica. Diciembre 2014

Sobre la inestabilidad y la protesta

La estabilidad político-social es uno de los principales objetivos a los que aspira cualquier gobierno. En ciertos países es una meta que se logra mediante éxitos en distintos ámbitos, que contribuyen a que exista una mayor distribución en el ingreso, más oportunidades laborales, mejores esquemas de protección social; seguridad; educación, etc.

Para alcanzar dicho objetivo también es importante que exista una positiva percepción respecto a la manera en la que los gobiernos utilizan los recursos de los ciudadanos, esto es, privilegiando aquellas políticas públicas que coinciden con las demandas sociales, cuidando siempre el uso efectivo y congruente de los ingresos públicos, sin entrar en contradicciones con los valores de sus naciones.

En este tenor, es igual de importante que los ciudadanos estén consientes del rol que tienen como detonadores de mejores condiciones, tanto a nivel individual como en el ámbito colectivo. La responsabilidad del individuo es una de las principales cualidades que lo convierten en ciudadano, porque representa la aceptación de compartir el destino de su determinación geográfica con otros individuos, que tienen idealmente, buenas intenciones.

Sin embargo, estos escenarios de coincidencia entre el actuar gubernamental, las demandas sociales y la responsabilidad ciudadana son sumamente difíciles de alcanzar, sobre todo en los países en desarrollo, donde aún se percibe que los gobiernos son ineficientes a la hora de interpretar el interés general, la sociedad es apática en materia de participación democrática, o peor aún, prevalece la idea de que los lideres políticos utilizan los recursos públicos para enriquecerse directa o indirectamente.

Esta condición aumenta las probabilidades de que surjan movimientos que buscan romper con la –estabilidad- del grupo en el poder usando banderas legitimas como el combate a la corrupción, la impunidad, la pobreza, la desigualdad, o reclamando demandas básicas como seguridad, transparencia o simplemente efectividad gubernamental.

En países altamente desiguales siempre habrán argumentos legítimos para la protesta, pues ésta es la voz más inmediata que tienen los ciudadanos. La misma puede manifestarse mediante distintos niveles de malestar social, que van desde el descontento generalizado; que puede transmitirse incluso entre generaciones, hasta la protesta masiva; que pese a tener como origen una intención pacífica, corre el riesgo de ser la mascara perfecta para distintos grupos anárquicos, cuya intención no es otra que desacreditar las movilizaciones.

Cabe la aclaración de que existe otro riesgo que igualmente desacredita a la protesta como legitima voz de la ciudadanía: el control político. Cuando el individuo participa en alguna movilización sin querer hacerlo; esto es debido a la instrucción de alguna estructura jerárquica que lo condiciona, la protesta pierde toda legitimidad, pues se convierte en un instrumento de presión política que solo favorece los intereses de lideres, que por el simple hecho de condicionar la permanencia laboral con la asistencia a las movilizaciones, pueden ser considerados como autoritarios, tiranos u opresores. Además, cuando la movilización, pese a ser pacífica no se planea estratégicamente, puede vulnerar derechos de terceros, quienes culparán directamente a las personas que les impiden el paso, no a quienes son los causantes del malestar social.

En este tenor, la inestabilidad puede considerarse como un resultado negativo del excesivo cálculo de los gobiernos para tratar de obtener ventajas políticas del descontento social. Este cálculo político impide que la respuesta gubernamental sea inmediata y contundente, pues es percibida por la sociedad como una contestación reactiva, carente de intenciones de fondo. Cuando un gobierno se concentra solo en lo “urgente” y no en lo “importante” se apremia a la improvisación y por tanto, a la falta de orden en el uso de recursos económicos y humanos que siempre son escasos.

Tanto la inestabilidad como la protesta tienen su origen, y por tanto su solución en la sociedad. La adecuada interpretación de las demandas sociales debe ser la herramienta de contención que utilicen los gobiernos para prevenir que el malestar social pueda convertirse en una protesta masiva.  Sin embargo, si lo que se busca es construir sociedades más libres, justas e igualitarias, donde la voz de la ciudadanía sea plenamente escuchada, no se puede dejar toda la carga al Estado, que debe concentrarse en funciones básicas para el desarrollo social, sino que es necesario que se transforme el actuar del individuo, activando su sentido ciudadano, convenciéndolo que el destino de un país es compartido y que el mismo se heredará a las generaciones futuras.

© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios informativos en Latinoamérica. Diciembre 2014 

La responsabilidad del ciudadano

La única variable que controla el individuo es su esfuerzo. Se ha vuelto una practica común que los ciudadanos culpemos a nuestros gobiernos por la gran mayoría de males que aquejan a nuestros Estados. Se cree erróneamente que nuestros lideres tienen capacidades suficientes para hacer frente a los complejos problemas de las sociedades en el siglo XXI.

Lejos de lo que pudiera pensarse, esta no es una situación particular de los países en desarrollo, sino que es una tendencia global de las democracias modernas, debido, sobre todo, a que la sociedad avanza a una velocidad superior a la que opera normalmente la respuesta política.

Una de las razones que explican la lentitud del sistema político para atender, o en su defecto prevenir las demandas sociales, es la politización de los temas de interés general, esto es, el excesivo ejercicio del calculo político para sacar ventaja de problemas o crisis que afectan a los ciudadanos. Esta practica explica en parte, el desinterés del individuo por participar durante las elecciones, y la exigencia de éste para abrir nuevos canales de participación, que propicien mayor eficacia y legitimidad en las políticas publicas.

La eficacia puede lograrse mediante la invitación de expertos y autoridades académicas que no solo conozcan del tema, sino que cuenten con la autoridad moral para brindar propuestas que velen por el interés general y no por el político.

La legitimidad se adquiere invitando a que la sociedad se informe de manera sencilla y cuente con canales para dialogar con su gobierno. 

Sin embargo, éstos son escenarios de difícil creación, pues requieren que los grupos políticos cedan espacios, y por tanto poder, a los expertos y a los ciudadanos, compartiendo de esta manera la responsabilidad del gobierno.

Se debe tomar en cuenta también que en democracia es sumamente complicado que prevalezca una idea de país a largo plazo, lo cual es positivo en el sentido de que se puede evitar el autoritarismo de un modelo o ideología, pero ello implica retos sumamente complejos.

Uno de ellos es la dolorosa aceptación de que los ciudadanos tienen cierta complicidad en los elementos entrópicos del sistema, tales como la corrupción, el nepotismo, el trafico de influencias, la impunidad, etc. ya sea por omisión o por participación directa.

Hemos dejado que el sistema sobrepase en importancia nuestro sentido de comunidad y las buenas intenciones hacia nuestros países. Esto es, nos aferramos a la idea de que un individuo con buenos propósitos no puede ser capaz de modificar aquellas practicas que se han popularizado y que describen los excesos de los actores políticos.

Creemos que el sistema es determinante y que los individuos no podemos influir en él, una posición pesimista que aleja a los justos de la política y alienta a los corruptos a seguir ejerciendo practicas alejadas del bien común. Nos centramos en la critica, sin revisar detenidamente la viabilidad de nuestras demandas, sin conocer las facultades de los ordenes de gobierno, sin evaluar objetivamente el papel de las autoridades.

Nos olvidamos que en democracia el actor determinante es el ciudadano, que el sistema puede transformarse en la medida en la que cambiemos nuestras practicas cotidianas. Que difícilmente un gobierno corrupto podrá gobernar a una sociedad con valores que sepa como hacerse escuchar.

Los ciudadanos tenemos amplias responsabilidades en el destino de nuestras naciones, ya que idealmente nuestras demandas representan el origen fundamental de las políticas publicas; nuestra revisión y observancia puede ser una efectiva herramienta de control para nuestros gobiernos; mientras que nuestro seguimiento y evaluación determinan la permanencia o el cambio de los actores políticos.

Sin embargo, nuestra responsabilidad va más allá del rol que tenemos con los asuntos del poder y del gobierno. Cada individuo es responsable de sus actos y de sus elecciones. En la medida en la que estas elecciones propicien su desarrollo, los países avanzaran hacia mejores escenarios.

El Estado tiene la facultad de crear las condiciones (de paz y gobernabilidad) para que el individuo pueda ejercer estas elecciones de manera racional, esto es buscando maximizar sus beneficios, pero sus atribuciones están sumamente limitadas, ya sea por las capacidades de los gobernantes, la inmensa influencia política en los gobiernos o la complejidad del sistema social.

En este tenor, la tarea del ciudadano consiste en cambiar su perspectiva para transformar aquellos elementos que afectan al sistema; participar en aquellos temas que le afectan o en los que puede aportar conocimiento o experiencia; actuar como si viviera en un país de reglas y orden, todo ello, con el fin de que su cambio individual se convierta verdaderamente en la fuente de transformación del sistema.  

© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios informativos en Latinoamérica. Diciembre 2014 

Reflexiones sobre el desarrollo

¿Cuáles son los elementos que impulsan a que las sociedades avancen en materia de lo que se conoce como desarrollo? Esta pregunta parece ser una de las incógnitas más difíciles de responder entre quienes se ocupan de la formulación de planes y programas, que pretenden hacer de nuestros países, lugares más justos e igualitarios, donde las cosas funcionen en automático, sin la artificial presión que muchas veces los gobiernos inyectan para aparentar avances.

Pareciera que existe un abismo entre aquellos Estados que han logrado alcanzar altos estándares de calidad de vida y aquellos que no han podido superar la pobreza y la desigualdad; problemas que son percibidos como males endémicos que condenarán a generaciones enteras a vivir con lo mínimo, e incluso a acostumbrarse a pensar que existe “un orden natural” donde pocos dominan y muchos están condenados a ser seguidores.

Es difícil pensar que las sociedades de aquellos Estados en proceso de desarrollo lograran superar los problemas que se perciben como inmensos o insuperables, que alcanzaran niveles dignos en materia de vivienda, educación, salario, empleo, seguridad, incluso justicia e igualdad.

La fórmula tradicional para atender estos problemas ha sido brindarle apoyos y subvenciones a aquellas familias que no cuentan con las condiciones mínimas de bienestar. Como una reacción a la tendencia por “contabilizar” la calidad de vida, los gobiernos han tratado de impactar directamente en las variables de los indicadores de bienestar: se provee de servicios de agua, electricidad y piso firme, que son justamente tres componentes importantes de la ecuación de la pobreza. Además se brindan incentivos económicos para que las personas con menores recursos puedan hacer frente a los colosales retos de “sacar adelante a su familia”, en contextos sociales que reproducen esquemas vinculados a la pobreza como la criminalidad y la violencia.

Sin embargo, en esta concentración excesiva por impactar directamente en los indicadores de bienestar, se olvida que el empoderamiento del individuo es igual de importante que la promoción de las transformaciones de las comunidades. Uno de los papeles fundamentales del Estado es justamente crear los escenarios para que los individuos logren desarrollar sus potenciales, con el fin de que sean ellos mismos quienes impulsen una mejora sustancial en la calidad de vida de sus familias.

El empoderamiento del individuo tiene una importancia particular en la realidad contemporánea, ya que puede fungir como un acelerador de desarrollo si se utiliza como herramienta de posicionamiento en el entorno de la globalización. Se puede decir que el mundo se ha compactado, como consecuencia del acortamiento de las distancias geográficas, y como resultado de los avances en materia de comunicación e información. Sin embargo, también se puede decir que el mundo es más complejo, debido al carácter multidisciplinario de las dinámicas que acontecen entre distintos actores.

Es cada vez más frecuente que los individuos de distintas naciones se relacionen en términos personales, académicos, en materia de negocios o simplemente compartan las expresiones culturales que les brindan identidad.

Esta complejidad hace imprescindible que se atienda al individuo más allá de la satisfacción de sus necesidades más básicas, debido a que su participación en esquemas internacionales, puede condicionarse por el acceso que éste tenga de las herramientas para “comunicarse” con el mundo y sacar ventajas de la globalización.

Ante la difícil situación que tienen los Estados para la promoción del desarrollo es indispensable que se tomen en cuenta esquemas distintos para atender problemas tradicionales. El Estado, que siempre cuenta con recursos limitados, debe priorizar su presupuesto, cuidando siempre la excelencia en sus obras públicas, debe ser congruente con la manera en la que ejerce el gasto, buscando que solamente aquellas iniciativas con alto impacto social se conviertan en políticas publicas, pero sobre todo, debe ser inteligente, entendiendo que el mundo avanza a una velocidad sin precedentes, en donde ya no es suficiente cumplir con lo básico, pues en el lenguaje de la globalización es determinante el empoderamiento del individuo.

© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios informativos en Latinoamérica. Noviembre 2014

Sobre la paz y sus instituciones

Pareciera que mucho se pierde y poco se gana en el cambio generacional. Las grandes lecciones de la historia difícilmente quedan como pensamientos arraigados cuando los intereses de unos buscan sobreponerse a los de las mayorías: Es este oscurantismo intergeneracional el factor que impulsa a que se repitan hechos lamentables.

Es común escuchar que hay pueblos que carecen de memoria, que la única manera de adquirir conocimiento es mediante la experiencia, que las lecciones más valiosas de la vida son aquellas que se sufren, porque la mera observación de las cicatrices es factor decisorio para recordar aquello que nos lastimó, y por tanto que dejo una huella en nuestra vida.

También es más probable que se comentan atrocidades en poblaciones menos educadas, o por lo menos la culpa puede ser menor cuando los individuos carecen de una conciencia valorativa, que les permita calcular las consecuencias de sus actos. Un peligro que puede afectar a cualquier nación, siendo que la decisión individual de actuar de manera inhumana, puede estar motivada por un fuerte incentivo económico, que se nutre igualmente de la debilidad de los sistemas que imparten justica (los mecanismos que evitan que luchemos todos contra todos), o en su defecto, de las barreras que nos caracterizan como seres racionales, sensibles y morales.

Ante las crisis, la respuesta más sencilla e inmediata es siempre la indignación y el sobresalto, pero de nada sirve si no viene acompañada de un cambio verdadero que permee en la conciencia y se haga un elemento intrínseco del individuo.

Hay que tomar en cuenta que el estado más probable de las cosas es la entropía; es el desorden; es la anarquía. Podemos decir que la gobernanza, como un sistema de reglas que guían el actuar de un grupo de individuos haciéndolos participes en las decisiones, es una de las fuerzas que impide que las sociedades se vuelvan caóticas, o parafraseando a Hobbes, que evita que las personas se enfrenten entre sí defendiendo su interés particular, cuando las sociedades alcanzan mejores niveles de desarrollo cuando se acuerda un interés colectivo.

La confianza en este tenor se hace imprescindible. Aquellas sociedades en las que los individuos tienen mayor confianza entre sus miembros, suelen tener menores costos de transacción en sus interacciones, suelen tener menos mecanismos de control que regulen sus conductas y por tanto priorizan en el empoderamiento del individuo y su criterio. Logran que acciones de control menor sean suficientes para que la población decida no romper las reglas ante la amenaza de la sanción o el castigo, pero  aún más importante ante el respeto que se tiene por los derechos de los demás.

No se puede sobrevivir sin instituciones porque ellas representan este interés colectivo. Tampoco se pueden esperar cambios trascendentales si no se refundan los principios y facultades de las mismas. Sin embargo, se debe de tener siempre en cuenta que son los individuos, solo algunos, los que dan rostro a las instituciones, los que las gobiernan cuando triunfan o fallan en su cometido.

El Estado es una ficción cuya función básica es procurar la sana convivencia de aquellos individuos, que por fortuna o decisión, se encuentran dentro de su demarcación geográfica. Los límites del Estado están en la voluntad de los individuos que temporalmente asumen su control. Si éstos se someten al sistema de reglas socialmente aceptado, que pueden ser desde disposiciones legales hasta normas de conducta o códigos morales, el individuo común sabrá que el sistema es justo, porque nadie está por encima de la ley. De lo contrario, el individuo, que es el centro tanto del sistema político como del aparato administrativo de la democracia, tendrá mayores incentivos para quebrantar la ley.

Las grandes revoluciones de la historia no han triunfado por el uso de la fuerza, sino por lo persuasivo que puede ser una idea. No ha habido una revolución exitosa que haya logrado cambiar de la noche a la mañana todos los sistemas que gobiernan en el actuar del individuo. Los grandes cambios precisan grandiosos procesos, donde en primer lugar se deben aceptar las responsabilidades de todos los actores del poder, para posteriormente estar a la altura de una negoción con la población.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que hay males que serán imposibles de erradicar si el incentivo para actuar de forma negativa es mayor a la recompensa de no hacerlo; si los individuos que comenten actos de barbarie no son reintegrados a la sociedad; si sobrevive la semilla del odio exacerbado a las instituciones; si se reacciona violentamente en el corto plazo sin reflexionar las causas más directas de los problemas.

La lección no es otra que convencer tanto a las mayorías como a las minorías que vivir en paz, es mejor incentivo que vivir con más en la ilegalidad, puntualizando que aquellos que elijan el camino contrario, se toparán con el castigo de la institución, pero más importante con la exclusión de las mayorías.

© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios informativos en Latinoamérica. Noviembre 2014

Otra vez, PODEMOS

Hace cuatro meses le exponíamos desde este reflector mundial la fuerza que ha adquirido el recientemente creado partido político español PODEMOS. Comentamos que su estrategia ha sido inteligente a la hora de aprovechar el descontento que se vive en España como consecuencia del estancamiento económico, siendo que el PIB creció en promedio entre 2005 y 2014 tan solo en 0.6% (FMI 2014), el alto desempleo cuya tasa es de 26.3%, una de las más altas del mundo (CIA 2013) y el distanciamiento entre el electorado y los dos grandes partidos políticos de España: El Partido Popular y el Partido Socialista.

Tanto el bajo crecimiento económico como el desempleo pueden considerarse efectos negativos de la crisis global que afectó a diversos países en el mundo. Sin embargo, a nivel de la población dicho problema es representado como un resultado ineficaz del gobierno español, afectando igualmente a las fuerzas políticas dominantes.

Si a ello se le agregan los últimos escándalos de corrupción que han afectado a distintos miembros de la elite política española, tendremos que el descontento popular se incrementa, abriendo oportunidades a nuevos actores, en palabras de Moisés Naím, aparecen micro poderes capaces de difuminar el poder y de hacer frente a las oxidadas burocracias políticas que dominaron en el siglo pasado.

Apenas hace unos días, el periódico español “El país” publicó los resultados de una encuesta (Metroscopia) en la que se sitúa a PODEMOS como la fuerza política con mayores preferencias en el electorado español. Un hecho que confirma las observaciones de Naím respecto al surgimiento de nuevos actores en la escena política contemporánea, más cercanos a las demandas ciudadanas. Esto también confirma la percepción del académico australiano Ian Marsh quien afirma que la democracia se encuentra en una etapa de extinción, pues está decayendo debido a que los partidos políticos, que son los institutos encargados de convertir las demandas ciudadanas en planteamientos de políticas públicas, no han evolucionado a la misma velocidad que la sociedad.

Ello no le quita mérito al partido que es actualmente el preferido de los ciudadanos españoles, PODEMOS, sino al contrario, le da un reconocimiento especial por el uso estratégico de los recursos que la democracia ofrece para encausar el malestar de la ciudadanía (cansada por la ineficacia, demagogia y lejanía de su gobierno) por medio de canales legales que permiten escenarios de paz y estabilidad política en suelo español.

La gran virtud de este partido ha sido construir una agenda política legitima en términos de inclusión, mediante la formación de círculos y asambleas regionales, así como en materia de resultados, pues cuenta con cuadros especializados en asuntos políticos; que retan al estereotipo del político tradicional con una imagen más cercana a la población; que reclama sin calcular en demasía en sus declaraciones, una libertad que es ilimitada desde, hay que decirlo, la cómoda posición que brinda la oposición, pero que sería muy difícil de sostener siendo gobierno.

El discurso contra las elites, la acusación directa, el argumento trabajado y meditado con tiempo, así como la espontaneidad inteligente le han brindado a Pablo Iglesias, líder moral de PODEMOS, cualidades que la educada población de España exige en sus gobernantes, cuya evaluación en la encuesta lo sitúan en primer lugar, muy por encima del primer ministro español Mariano Rajoy.

Dentro de las tendencias que enmarca Moisés Naím en su descripción de la decadencia del poder, relata que hoy en día es cada vez más difícil controlar a la población, debido a que es la generación más educada, comunicada, conectada y con mejores estándares socioeconómicos en la historia de la humanidad.

El nivel de penetración de PODEMOS en la sociedad española se puede interpretar como una adecuada lectura de las principales demandas de ésta. Es también un síntoma de inconformidad de la población como respuesta a los vicios del poder de los líderes políticos de los partidos tradicionales, representando independientemente de la ideología que enarbolan, una opción más ciudadana, real y congruente con los tiempos que viven las sociedades modernas.

PODEMOS, como una fuerza política que ha sintetizado la crítica, el hartazgo y las demandas ciudadanas, en un proyecto político con claro objetivos, debiera servirles de ejemplo a las fuerzas políticas tradicionales de nuestros países latinoamericanos, para que entiendan que las sociedades contemporáneas tenemos la capacidad de cambiar el rumbo drásticamente de nuestras democracias ,sin darle un peso definitivo a la tradición y la experiencia, pues en la novedad y en el cambio podemos encontrar la esperanza de vivir en un lugar mejor.

Datos estadísticos: CIA The World Factbook y IMF DataMapper.

© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios informativos en Latinoamérica. Octubre 2014

Entre la democracia y la anarquía

Los grandes problemas de los países en desarrollo parecen provenir de una fuente inagotable, capaz de orillar a los Estados a implementar políticas de acuerdo a la inmediatez, sin planear y aún más importante sin prever con base en las claras señales que brindan los estudios que sus propias instituciones realizan.

En esta columna hemos planteado en diversas ocasiones que la mejor política pública, aunque la menos atractiva en términos electorales, es la prevención. Sin embargo, en países con profundos problemas estructurales como los latinoamericanos, toda política pública que busque ser efectiva debe tener un componente bidimensional, como lo sostiene el catedrático mexicano Antonio Morales Aviña, de contención y prevención.

Problemas estructurales como la corrupción, que permea tanto hogares como instituciones públicas o al sector privado, representan excelentes escenarios de oportunidad para implementar esta fórmula bidimensional, sobre todo cuando el estado de las cosas revela que existe una severa crisis de credibilidad y legitimidad en las instituciones políticas en México.

Si nos concentramos en las instituciones consideradas como las más corruptas por los ciudadanos, los partidos políticos, podríamos plantear que un posible esquema de contención a este enorme mal en México, sería reforzar los canales de control, transparencia y rendición de cuentas de estos institutos políticos.

Sin embargo, estos mecanismos podrían enriquecerse si se le implementará un proceso que ha sido parte de la “mejora organizacional” de diversas agencias públicas: la descentralización. Si bien los partidos políticos son considerados “canales oficiales” para convertir las demandas ciudadanas en políticas públicas, su sentido de territorialidad obedece a un principio jerárquico, idéntico al criticado modelo burocrático.

Dicha descentralización consistiría en brindarle más facultades discrecionales, y por ende hacer más responsables, a los líderes partidistas locales de sus acciones, tomando en cuenta el desarrollo de métodos de vigilancia y monitoreo de los mismos. Al final de cuentas, la labor principal de los partidos políticos locales, así como de los representantes populares que de ellos emanan, es defender el interés general de los ciudadanos que habitan dentro de su demarcación territorial.

Por otro lado, una adecuada estrategia de prevención podría enfocarse en implementar esquemas de educación cívica, ya que como afirma el catedrático japonés Noritada Matsuda una persona educada en sus deberes y facultades es una persona activa en su participación, es decir, es un ciudadano. La Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP 2012) revela que 5 de cada 10 mexicanos percibe que la política es muy complicada, solo el 40% sabe cuánto dura correctamente el periodo de un diputado, y 51% está poco o nada satisfecho con la democracia del país.

Estas medidas de prevención empoderarían a las nuevas generaciones a utilizar todos los recursos que la democracia ofrece, aprovechando la enorme cualidad participativa de los mexicanos, que como bien identifica el Secretario General de la OEA José Miguel Insulza, es sumamente activa en términos políticos, pero no utiliza los canales oficiales para ejercer sus demandas.

En este tenor, es necesario des-tecnificar a la democracia, ciudadanizarla, para que las personas se activen como ciudadanos y exijan, de acuerdo a las facultades de la ley, un adecuado desempeño por parte de sus representantes populares.

Acercar la democracia a la ciudadanía, como medida de prevención, se hace imprescindible tomando en cuenta los cambios que está sufriendo el paradigma del poder en el siglo XXI. El renombrado analista internacional Moisés Naím identifica que la carencia de credibilidad y legitimidad que experimentan los partidos políticos es parte de una tendencia internacional, la cual se caracteriza por la disipación del poder entre los actores tradicionales y nuevos actores. Ello explica por qué hoy en día la presión de las manifestaciones populares puede influir de forma contundente en importantes decisiones políticas, algo que simplemente era impensable en décadas pasadas. Las instituciones tradicionales en la actualidad tienen menos poder que sus antecesoras, debiendo hacer demasiados cálculos antes de ejercer alguna acción, con el fin de no afectar intereses que pueden poner en jaque la estabilidad del Estado.

Una posible solución a este escenario sería incluir a los nuevos actores (micro poderes) dentro de la estrategia. Esto es, aprovechar las ventajas de la pluralidad democrática para resolver problemas que amenazan el equilibrio social y político en el país. Sin embargo, ello implica el diseño de nuevos mecanismos de participación que gocen de legitimidad y aceptación entre todos los actores.

Hobbes decía en el Leviatán que la naturaleza humana está basada en una competencia constante por el poder, que puede llevarnos a la anarquía y por ende a la destrucción. Sin embargo, si la búsqueda personal de poder coincide en un objetivo común, se pueden construir escenarios de paz y prosperidad. Quizás el gran reto es redefinir esta idea del objetivo común, queda para la reflexión.  

© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios informativos en Latinoamérica. Octubre 2014