La estabilidad político-social
es uno de los principales objetivos a los que aspira cualquier gobierno. En
ciertos países es una meta que se logra mediante éxitos en distintos ámbitos,
que contribuyen a que exista una mayor distribución en el ingreso, más oportunidades
laborales, mejores esquemas de protección social; seguridad; educación, etc.
Para alcanzar dicho objetivo
también es importante que exista una positiva percepción respecto a la manera
en la que los gobiernos utilizan los recursos de los ciudadanos, esto es,
privilegiando aquellas políticas públicas que coinciden con las demandas
sociales, cuidando siempre el uso efectivo y congruente de los ingresos
públicos, sin entrar en contradicciones con los valores de sus naciones.
En este tenor, es igual de
importante que los ciudadanos estén consientes del rol que tienen como detonadores
de mejores condiciones, tanto a nivel individual como en el ámbito colectivo.
La responsabilidad del individuo es una de las principales cualidades que lo
convierten en ciudadano, porque representa la aceptación de compartir el
destino de su determinación geográfica con otros individuos, que tienen idealmente,
buenas intenciones.
Sin embargo, estos escenarios de
coincidencia entre el actuar gubernamental, las demandas sociales y la
responsabilidad ciudadana son sumamente difíciles de alcanzar, sobre todo en
los países en desarrollo, donde aún se percibe que los gobiernos son
ineficientes a la hora de interpretar el interés general, la sociedad es
apática en materia de participación democrática, o peor aún, prevalece la idea
de que los lideres políticos utilizan los recursos públicos para enriquecerse
directa o indirectamente.
Esta condición aumenta las
probabilidades de que surjan movimientos que buscan romper con la –estabilidad-
del grupo en el poder usando banderas legitimas como el combate a la
corrupción, la impunidad, la pobreza, la desigualdad, o reclamando demandas
básicas como seguridad, transparencia o simplemente efectividad gubernamental.
En países altamente desiguales
siempre habrán argumentos legítimos para la protesta, pues ésta es la voz más
inmediata que tienen los ciudadanos. La misma puede manifestarse mediante
distintos niveles de malestar social, que van desde el descontento
generalizado; que puede transmitirse incluso entre generaciones, hasta la
protesta masiva; que pese a tener como origen una intención pacífica, corre el
riesgo de ser la mascara perfecta para distintos grupos anárquicos, cuya
intención no es otra que desacreditar las movilizaciones.
Cabe la aclaración de que existe
otro riesgo que igualmente desacredita a la protesta como legitima voz de la
ciudadanía: el control político. Cuando el individuo participa en alguna movilización
sin querer hacerlo; esto es debido a la instrucción de alguna estructura
jerárquica que lo condiciona, la protesta pierde toda legitimidad, pues se
convierte en un instrumento de presión política que solo favorece los intereses
de lideres, que por el simple hecho de condicionar la permanencia laboral con
la asistencia a las movilizaciones, pueden ser considerados como autoritarios,
tiranos u opresores. Además, cuando la movilización, pese a ser pacífica no se
planea estratégicamente, puede vulnerar derechos de terceros, quienes culparán
directamente a las personas que les impiden el paso, no a quienes son los
causantes del malestar social.
En este tenor, la inestabilidad
puede considerarse como un resultado negativo del excesivo cálculo de los
gobiernos para tratar de obtener ventajas políticas del descontento social.
Este cálculo político impide que la respuesta gubernamental sea inmediata y
contundente, pues es percibida por la sociedad como una contestación reactiva,
carente de intenciones de fondo. Cuando un gobierno se concentra solo en lo
“urgente” y no en lo “importante” se apremia a la improvisación y por tanto, a
la falta de orden en el uso de recursos económicos y humanos que siempre son
escasos.
Tanto la inestabilidad como la
protesta tienen su origen, y por tanto su solución en la sociedad. La adecuada
interpretación de las demandas sociales debe ser la herramienta de contención
que utilicen los gobiernos para prevenir que el malestar social pueda convertirse
en una protesta masiva. Sin embargo, si lo
que se busca es construir sociedades más libres, justas e igualitarias, donde
la voz de la ciudadanía sea plenamente escuchada, no se puede dejar toda la
carga al Estado, que debe concentrarse en funciones básicas para el desarrollo
social, sino que es necesario que se transforme el actuar del individuo,
activando su sentido ciudadano, convenciéndolo que el destino de un país es
compartido y que el mismo se heredará a las generaciones futuras.
© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos
periódicos y medios informativos en Latinoamérica. Diciembre 2014
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