Después de la Segunda Guerra Mundial
la tendencia de los gobiernos nacionales alrededor del mundo fue crecer. En
aquel entonces dominaba entre los académicos la idea de un gobierno grande,
estructurado por reglas y procedimientos, en un sistema de organización que el
sociólogo alemán Max Weber denominó “burocracia”.
En aquel entonces se creía que
las funciones del Estado eran demasiado complejas, de manera que se requería de
una organización jerarquizada, con funciones y procedimientos claramente
definidos por manuales; con recursos humanos estáticos; con mayor
especialización en su ramo. Una organización rígida que administrara de forma
efectiva las decisiones políticas, convirtiéndolas en acciones de Estado.
Con el paso de los años, los
burócratas por su sentido de especialización y dominio sobre áreas particulares
alcanzaron niveles importantes de poder en el gobierno, ya que se convirtieron
en elementos prácticamente inamovibles, acarreando con ello una serie de
“vicios” que detuvieron el avance del sector público.
Esta concentración de poder
generó descontento en la clase política, que defendía ser la única organización
con legitimidad suficiente para controlar las variables del gobierno, pues su
poder “emana” de la voluntad popular.
En el ambiente académico, ya se
habían percatado del inadecuado funcionamiento de las estructuras burocráticas,
las cuales evolucionaban de manera sumamente lenta, en comparación con las
demandas sociales, algo que no ocurría con la administración privada donde se
proponían nuevos esquemas y principios que propiciaban mejores resultados a
menor costo.
La propuesta de un sector
particular de la académica (el liberal) fue implementar principios básicos de
la administración privada en los gobiernos, con el fin de hacer más eficiente y
productiva a la maquinaria gubernamental. Para ello se requería la
descentralización de la organización estatal, la reducción del aparato
administrativo del estado, la eliminación de los procedimientos burocráticos, la
medición y monitoreo de resultados, entre otras medidas. Estas iniciativas tenían
un fuerte contenido ideológico (neoliberal), y se implementaron en el mundo
occidental a partir de la década de los ochenta.
En una interpretación
particular, que se adhiere de manera más adecuada a la lucha por el poder, que
a la mejora organizacional, se puede decir que los políticos tomaron como
bandera el llamado managerialismo con
el fin de reducir el poder de los burócratas y recuperar áreas del gobierno
donde habían perdido injerencia.
Sin embargo, la implementación
de este nuevo modelo de organización trajo consigo nuevos actores al gobierno,
los “managers públicos”. A diferencia de los administradores públicos cuya
función es “administrar” las decisiones de los políticos en su implementación
como políticas publicas, los “managers públicos” se concentran en la
negociación con los políticos para alcanzar resultados, esto es, son actores de
importancia en el proceso de toma de decisiones estratégicas, así como en la
implementación de las mismas.
Los managers públicos se enfocan
en la creación del valor público, esto es, en aquellos anhelos que los
ciudadanos desean alcanzar para la colectividad. Con ello, la ciudadanía se
convierte en un importante actor para el Estado, pues es la fuente de
financiamiento del gobierno y quien idealmente evalúa la eficiencia del mismo.
En un mundo ideal, tanto los
políticos, como los administradores y los managers públicos conviven en
equilibrio, cada uno trabajando porque sus acciones sean en favor del interés
general. El político se concentra en la búsqueda del poder, en aquellos juicios
que lo llevarán a alcanzar un cargo de representación, gracias a las adecuadas
decisiones que tomó al formar parte del servicio público.
El administrador buscará que las
decisiones del político operen de forma efectiva en la maquinaria burocrática.
Mientras que el manager tratará de persuadir al político y dirigir al
administrador en la organización estatal para que se alcancen los mejores
resultados, para que se genere valor público en las acciones del gobierno.
Independientemente de la
ideología que ha impulsado la aparición de nuevos actores en el aparato
administrativo del gobierno, el objetivo final es que la maquinaria estatal
funcione de la mejor manera, con contrapesos internos que den continuidad a los
programas públicos, independientemente de los cambios políticos, que se apremie
la profesionalización de los recursos humanos, sin que se pierda flexibilidad y
movilidad, que las decisiones estratégicas (políticas) se negocien y construyan
con responsabilidad, para responder de manera efectiva a quienes son los
principales actores y beneficiarios del Estado; los ciudadanos.
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