En general podemos decir que el libre
comercio genera excelentes oportunidades para el desarrollo de los países:
amplía la diversidad y reduce los precios de bienes y servicios, incrementa la
competitividad de las empresas, genera fuentes de empleo cuando viene
acompañado de inversión productiva, facilita la movilidad de los factores
productivos, amplia el tamaño de los mercados en favor de las empresas
nacionales, etc., etc.
También sirve para aumentar los lazos de
amistad entre dos o más naciones, reduciendo fricciones políticas. Genera
certezas y gobernabilidad en el marco del sistema internacional (que se
considera anárquico), así como esquemas normativos que brindan confianza a los
actores económicos, de manera que es, en teoría, un escenario deseable.
Sin embargo, lo que en teoría parece una
panacea, en la realidad constituye un tema controversial, con diversas aristas,
que debe pensarse desde la perspectiva de cada actor que intervine en el juego del “libre comercio”.
En el caso de los tomadores de decisión, que
son quienes negocian que tan abierta o cerrada debe ser la economía nacional,
es imprescindible evaluar los alcances de un acuerdo de libre comercio; ubicando
las ventajas y desventajas, proyectando las posibles ganancias y las posibles
pérdidas del mismo, todo ello con una adecuada interpretación del interés nacional.
En pocas palabras, su trabajo es alcanzar un
balance ideal entre la protección y la liberalización de aquellos sectores que
le generen los mayores dividendos al país: una ecuación donde siempre habrán ganancias
y pérdidas, esperando que estas últimas sean las menos.
Esta es una tarea sumamente compleja, pues
involucra distintos niveles de análisis y discrecionalidad para los tomadores
de decisión, que pueden llegar a ser sumamente técnicos, tanto, que son lejanos
para la población, la cual puede percibir, en distintos grados, los efectos de
que su país forme parte de un acuerdo de libre comercio.
En este tenor, un tema que en la actualidad
ha generado polémica al respecto es el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de
Asociación Económica (TTP por sus siglas en ingles), una iniciativa que busca crear
un área de libre comercio entre 12 países de la región Asia-Pacífico: Australia,
Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur,
EE UU y Vietnam. En caso de concretarse, el TTP representaría una zona donde se
concentra el 40% del comercio mundial.
El TTP es un proyecto de amplio alcance que
busca homologar criterios que afectan al comercio mundial tales como las
condiciones laborales, la propiedad intelectual, el medio ambiente e incluso la
solución de pugnas entre las partes, ya que contaría con un panel para resolver
disputas entre los miembros, lo cual le brinda gobernabilidad a la iniciativa y
puede generar confianza en las empresas en su trato con las leyes locales.
Sin embargo, el mayor reto del TTP no es la
estandarización de las reglas del comercio, sino la fuerte disparidad entre los
miembros, que tendrían que “negociar” con los dos grandes actores mundiales del
comercio: EE UU, el principal importador (y el segundo mayor exportador) y en
caso de que ingrese China, negociarían con el mayor exportador de bienes del
planeta.
Aquellas voces que apoyan al TTP sostienen
que dicho instrumento incrementaría de forma significativa el comercio intra-regional,
permitiendo que aquellos países con amplia oferta de mano de obra (en
desarrollo) homologuen sus políticas laborales, en favor de la dignificación de
las condiciones de sus trabajadores. Además, aseguran que dicho instrumento
brindaría certidumbre a los inversores, en una región con gran volatilidad.
Pero no todo es miel sobre hojuelas, los
detractores del TTP aseguran que el tratado beneficia en mayor medida a EE UU,
sobre todo a las grandes industrias dedicadas a la tecnología y al
entretenimiento, ya que el acuerdo posiciona el tema de la propiedad
intelectual, como un eje toral que es necesario implementar en la región. Ello
obligaría a muchos posibles miembros a modificar su legislación, lo cual podría
“invadir” la soberanía de las naciones, de acuerdo con sus críticos.
El otro gran tema en el que se benefician las
grandes compañías norteamericanas es en materia de patentes, pues el TTP
permitiría a las empresas farmacéuticas ampliar la vigencia de las mismas. Ello
impediría la producción de medicamentos genéricos (de menor costo), lo cual afecta
de forma directa a los países en desarrollo.
El TTP libra también una batalla en materia
de credibilidad. De acuerdo a diversas filtraciones de WikiLeaks EE UU busca posicionar
el interés de las grandes corporaciones por encima del interés general,
afectando con ello la libertad de información, los derechos civiles, y el
acceso a medicamentos incluso a nivel global. Si a ello se le suma que las
negociaciones de este instrumento de comercio se han llevado a cabo en secreto,
se pueden intuir las intenciones del coloso del norte.
Sin lugar a dudas, tanto los tomadores de
decisión, como los negociadores tienen un rol estratégico en el juego de poder
que representa un tratado de libre comercio como el TTP. La adecuada
interpretación que éstos hagan del interés nacional es imprescindible, tanto
como la transparencia con la que evalúen el tratado.
Para los países en desarrollo que buscan
formar parte del TTP, el gran reto será generar un contrapeso a EE UU, ubicando
qué les conviene y qué no. Donde la capacidad de negociación no alcance, deberán
prevenir desde la política interna a los sectores más propensos a perder,
orientarlos sobre los efectos que un tratado de esta naturaleza puede
ocasionar. Si su intención es “por voluntad” formar parte de esta iniciativa
tienen que actuar pronto, porque en el juego del libre comercio no existe la
buena suerte, el que no previene pierde, y las pérdidas son otro elemento que
alimenta al descontento, algo indeseable para países con alta efervescencia
social como los latinoamericanos.
© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios informativos en Latinoamérica. Abril 2015.
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