martes, 28 de octubre de 2014

Entre la democracia y la anarquía

Los grandes problemas de los países en desarrollo parecen provenir de una fuente inagotable, capaz de orillar a los Estados a implementar políticas de acuerdo a la inmediatez, sin planear y aún más importante sin prever con base en las claras señales que brindan los estudios que sus propias instituciones realizan.
En esta columna hemos planteado en diversas ocasiones que la mejor política pública, aunque la menos atractiva en términos electorales, es la prevención. Sin embargo, en países con profundos problemas estructurales como los latinoamericanos, toda política pública que busque ser efectiva debe tener un componente bidimensional, como lo sostiene el catedrático mexicano Antonio Morales Aviña, de contención y prevención.
Problemas estructurales como la corrupción, que permea tanto hogares como instituciones públicas o al sector privado, representan excelentes escenarios de oportunidad para implementar esta fórmula bidimensional, sobre todo cuando el estado de las cosas revela que existe una severa crisis de credibilidad y legitimidad en las instituciones políticas en México.
Si nos concentramos en las instituciones consideradas como las más corruptas por los ciudadanos, los partidos políticos, podríamos plantear que un posible esquema de contención a este enorme mal en México, sería reforzar los canales de control, transparencia y rendición de cuentas de estos institutos políticos.
Sin embargo, estos mecanismos podrían enriquecerse si se le implementará un proceso que ha sido parte de la “mejora organizacional” de diversas agencias públicas: la descentralización. Si bien los partidos políticos son considerados “canales oficiales” para convertir las demandas ciudadanas en políticas públicas, su sentido de territorialidad obedece a un principio jerárquico, idéntico al criticado modelo burocrático.
Dicha descentralización consistiría en brindarle más facultades discrecionales, y por ende hacer más responsables, a los líderes partidistas locales de sus acciones, tomando en cuenta el desarrollo de métodos de vigilancia y monitoreo de los mismos. Al final de cuentas, la labor principal de los partidos políticos locales, así como de los representantes populares que de ellos emanan, es defender el interés general de los ciudadanos que habitan dentro de su demarcación territorial.
Por otro lado, una adecuada estrategia de prevención podría enfocarse en implementar esquemas de educación cívica, ya que como afirma el catedrático japonés Noritada Matsuda una persona educada en sus deberes y facultades es una persona activa en su participación, es decir, es un ciudadano. La Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP 2012) revela que 5 de cada 10 mexicanos percibe que la política es muy complicada, solo el 40% sabe cuánto dura correctamente el periodo de un diputado, y 51% está poco o nada satisfecho con la democracia del país.
Estas medidas de prevención empoderarían a las nuevas generaciones a utilizar todos los recursos que la democracia ofrece, aprovechando la enorme cualidad participativa de los mexicanos, que como bien identifica el Secretario General de la OEA José Miguel Insulza, es sumamente activa en términos políticos, pero no utiliza los canales oficiales para ejercer sus demandas.
En este tenor, es necesario des-tecnificar a la democracia, ciudadanizarla, para que las personas se activen como ciudadanos y exijan, de acuerdo a las facultades de la ley, un adecuado desempeño por parte de sus representantes populares.
Acercar la democracia a la ciudadanía, como medida de prevención, se hace imprescindible tomando en cuenta los cambios que está sufriendo el paradigma del poder en el siglo XXI. El renombrado analista internacional Moisés Naím identifica que la carencia de credibilidad y legitimidad que experimentan los partidos políticos es parte de una tendencia internacional, la cual se caracteriza por la disipación del poder entre los actores tradicionales y nuevos actores. Ello explica por qué hoy en día la presión de las manifestaciones populares puede influir de forma contundente en importantes decisiones políticas, algo que simplemente era impensable en décadas pasadas. Las instituciones tradicionales en la actualidad tienen menos poder que sus antecesoras, debiendo hacer demasiados cálculos antes de ejercer alguna acción, con el fin de no afectar intereses que pueden poner en jaque la estabilidad del Estado.
Una posible solución a este escenario sería incluir a los nuevos actores (micro poderes) dentro de la estrategia. Esto es, aprovechar las ventajas de la pluralidad democrática para resolver problemas que amenazan el equilibrio social y político en el país. Sin embargo, ello implica el diseño de nuevos mecanismos de participación que gocen de legitimidad y aceptación entre todos los actores.
Hobbes decía en el Leviatán que la naturaleza humana está basada en una competencia constante por el poder, que puede llevarnos a la anarquía y por ende a la destrucción. Sin embargo, si la búsqueda personal de poder coincide en un objetivo común, se pueden construir escenarios de paz y prosperidad. Quizás el gran reto es redefinir esta idea del objetivo común, queda para la reflexión.  


© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios informativos en Latinoamérica. Octubre 2014

martes, 21 de octubre de 2014

El país del incendio

Había una vez un bosque que se estaba quemando. Todos los animales huían de la terrible escena, cuando de pronto un oso se encuentra con un colibrí que volaba hacia el incendio, acarreando de un lago cercano la poca agua que le cabía en el pico para tratar de mitigarlo. El oso le cuestionó la efectividad de su buena intención, era imposible que con esa ínfima cantidad de agua pudiera extinguir llamas de esas magnitudes, a lo que el colibrí le respondió que él sabía que no podría resolver el problema, pero que estaba cumpliendo con su parte.
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Tres grandes problemas en México (la pobreza, la corrupción y la inseguridad) han encontrado una terrible consecuencia común; han creado un incendio, revelando una vez más la ineficacia del estado para cumplir con sus funciones más básicas, pero también la crisis de valores en las que se encuentran diversos sectores de la sociedad mexicana.
La falta de gobernanza se hace evidente cuando los grandes retos de un país coinciden en eventos particulares, que dan muestras del desgaste de las instituciones y la urgencia de reformas de fondo, de carácter intelectual e ideológico que permeen en todos los actores del Estado. 
En México, dicha coincidencia de eventos afecta directamente a dos instituciones que han experimentado desde hace varios años una fuerte carencia de credibilidad con respecto a la sociedad mexicana: los partidos políticos y la policía.
De acuerdo con el Barómetro Global de Corrupción 2013 elaborado por Transparencia Internacional, 9 de cada 10 mexicanos perciben que tanto los partidos políticos como la policía son instituciones altamente corruptas (las dos con mayores niveles de corrupción en la medición).  
Otros estudios como la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012 (ENCUP) y la Encuesta Nacional en Viviendas 2012 “México: confianza en Instituciones” de Consulta Mitofsky (CM) reafirman la falta de confianza de los ciudadanos hacia las instituciones mencionadas. De acuerdo a la ENCUP los mexicanos califican (en escala del 1 al 10) con 4.4 a los partidos políticos y con 4.3 a la policía. Mientras que en el estudio de CM los partidos políticos tienen una calificación de 6.0 y la policía de 5.9, ambos también en los últimos lugares de la medición. 
Dichas instituciones son pilares de la democracia de cualquier país. Si su imagen se ve afectada, como consecuencias de su falta de sometimiento al sistema de reglas aceptadas (gobernanza), se compromete la estabilidad del Estado. Ello puede generar desastrosas consecuencias si la población decide tomar el control, desconociendo a las instituciones tradicionales del poder público.
Para el caso de la policía el cambio que se pudiese exigir debe ser vertical: de arriba hacia abajo. Es indispensable limpiar su imagen mediante el diseño de mejores esquemas de operación, donde el elemento en activo cuente con mayor discrecionalidad, que le permita seguir sus códigos de conducta, siempre en apego a la protección del ciudadano.
En el caso de los partidos políticos, el tema es más complejo, pues tienen que ganarse la confianza de la población, mediante la “inspección” efectiva de sus militantes.
En este tenor, me parecen peligrosas ciertas posiciones de algunos líderes políticos que afirman que “incluso los partidos políticos están acorralados”, que no tienen capacidad de decisión, que están entre la espada y la pared, son osos que huyen del incendio.  
Esta posición es riesgosa no por el hecho de que se “victimice” a los partidos como actores que no pueden hacer frente a un mal manejable, sino porque es poco inteligente. Los partidos políticos deben ser expertos en el manejo del poder; deben ser responsables de sí mismos, deben tener capacidades superiores más allá de la simple competencia electoral.
El hecho de que se victimicen buscando empatía de la población no los hace más cercanos a la ciudadanía, sino más ineficaces. Para el ciudadano es difícil pensar que las instituciones que contaminan al sistema, quienes iniciaron el incendio, serán las mismas que resolverán este problema.
La tarea es más que complicada, pues se busca la cura dentro de la enfermedad, sin involucrar a los ciudadanos, que pueden ser los agentes que hagan la diferencia.
El grave incendio que está afectando a México no podrá resolverse mientras que los actores del poder no se responsabilicen por el actuar de sus organizaciones. La desconfianza a ciertas instituciones como los partidos políticos o la policía ha sido una constante a la que no se le ha dado una atención efectiva, evidenciando que la voz de la ciudadanía no genera respuestas entre los actores del poder.
La tarea de resolver los grandes problemas de México puede ser tan simple como escuchar las demandas de la población, más claro aún, brindar una respuesta a los temas que le interesa a la ciudadanía, usar los datos disponibles para implementar acciones.
Así de sencillo pero a la vez valiente debe ser el rol de todos los actores que intervienen en el Estado. Si cada actor cumpliera con su parte, se podría mitigar efectivamente el incendio, y aún más importante, evitar que ocurra de nuevo.


*Envío un especial agradecimiento a Esnelda Dárdano por compartirme la historia del colibrí y por comenzar el dialogo que motivó la realización de esta columna. 


© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios informativos en Latinoamérica. Octubre 2014

lunes, 13 de octubre de 2014

El mejor lugar para vivir

¿Cuáles son las cualidades que debe tener un lugar para ser considerado adecuado para el desarrollo de las personas? De acuerdo con la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE) algunas variables posibles para responder a esta pregunta son: educación, empleo, ingreso, seguridad, salud, medio ambiente, compromiso cívico, acceso a los servicios, y vivienda.
Estas variables fueron elegidas por dicha organización internacional en su último informe titulado “OCDE bienestar regional: una medición más cercana a la vida”. El objetivo de esta valiosa herramienta estadística es permitir la comparación en cuanto al nivel de vida que proporcionan las 362 regiones elegidas por el estudio a sus habitantes.
La “homologación” de datos estadísticos permite un acercamiento sin precedentes a la realidad que se vive en las diversas regiones del mundo, brindando información con mayor valor multidimensional, en comparación con las estadísticas tradicionales del bienestar, tales como el crecimiento económico, el ingreso per capita o el Producto Interno Bruto (PIB).
Vale la pena aclarar también que los indicadores, en este caso de bienestar, son valores subjetivos que el investigador u organización le brindan a determinada medición de la realidad, de forma que su función es hacer evidente ciertos elementos particulares que le interesa destacar a quien los construye.
Algunos resultados del mencionado informe son altamente relevadores. De las 10 regiones con mejor promedio en las variables mencionadas, hay 6 regiones (Estados) pertenecientes a Australia, dos a EE UU y dos a Noruega. Estas regiones promediaron (en escala del 1 al 10) entre 8.3 y 9.6 de calificación de acuerdo a las 9 variables seleccionadas por el estudio.
Destaca de estos resultados el Territorio de la Capital de Australia (la región con las mejores calificaciones de la medición) el cual promedia 9.6 en cuanto a las variables de bienestar, alcanzado calificaciones de 10 en ingreso, seguridad, y compromiso cívico, además de tener altas calificaciones en salud (9.9) y acceso a los servicios (9.6).
He tenido la oportunidad de visitar Canberra, que funge como la capital de Australia y es además el centro urbano más importante de esta región seleccionada por la OCDE, y puedo atestiguar que cuenta con excelentes condiciones de seguridad, transporte, servicios públicos, compromiso cívico y logística gubernamental.
Sin embargo, la percepción que tiene la población que habita en aquella ciudad denota la necesidad de atraer más eventos de esparcimiento y desarrollo cultural, siendo que la ciudad se percibe como “aburrida” debido a que las actividades de administración pública dominan los quehaceres diarios.
Además es una ciudad artificial, que no se generó debido a las dinámicas propias de la sociedad australiana, sino que se constituyó como un acuerdo entre las dos ciudades más grandes de Australia (Sydney y Melbourne) para erigir una capital meramente administrativa cerca de ambos territorios, evitando así un posible conflicto entre ambas metropolís.
Por otro lado, dicho estudio muestra que las regiones con menores niveles de bienestar están en su mayoría en México, donde se ubican los últimos 14 lugares de la medición. Incluso, la gran mayoría de entidades federativas del país comparten los menores promedios con algunas regiones de Turquía.
Para el caso de México destacan las bajas calificaciones que se tienen en términos de seguridad, acceso a servicios, vivienda, ingreso y compromiso cívico, las cuales no alcanzaron ni siquiera un 1 de calificación. Por otro lado, los rubros con mayor calificación fueron el Empleo (6.8) y el cuidado del medio ambiente (5.7). Como resultado, el promedio del país es de 1.7, la más baja de todos los miembros de la OCDE.
En el caso de Chile, que es el otro país latinoamericano miembro de esta organización, las cosas son distintas, ya que promedia una calificación de 5.5, lo que lo posiciona en el lugar 23 de la medición, por encima de países como la República Checa, Estonia, Portugal y Grecia, teniendo sus calificaciones más altas en materia de seguridad (8.8), compromiso cívico (8.7) y cuidado del medio ambiente (8.1), pero con bajas calificaciones en materia de ingreso (0.0), acceso a servicios (1.4) y vivienda (1.8).  
Es importante tomar en cuenta que esta comparación no es a nivel global, sino que solamente se tomaron en cuenta regiones dentro de los 34 miembros de la OCDE, que son en su mayoría países industrializados. Sin embargo, la distinción por región hace aún más evidente la necesidad que tienen tanto México  como Chile en avanzar más allá de los rubros tradicionales que se relacionan con las variables macroeconómicas.
Cuando ambos países ingresaron a la OCDE, eligieron medirse con las grandes potencias mundiales. Chile ha avanzado, pero en el caso de México van dos décadas sin lograr mejoras en su posición, quizás es momento de revisar la estrategia, reajustarla y hacerla más incluyente.

Fuente de información: http://www.oecdregionalwellbeing.org/index.html


© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios informativos en Latinoamérica. Octubre 2014

martes, 7 de octubre de 2014

El incentivo de la guerra

La invasión más efectiva es siempre aquella que siembra la semilla del cambio en la mente de los individuos. Esta es una máxima que ha sido perfectamente entendida por aquellos líderes que buscan concretar sus proyectos a largo plazo, basándose en una estructura inmaterial, que puede tener efectos positivos o negativos para la humanidad, algo que podríamos denominar el poder de una idea.
Ésta representa el arma más peligrosa con la que cuentan los grupos radicales, que pretenden alcanzar sus objetivos políticos, sobre la base de la intimidación y el miedo. Un ejemplo contemporáneo de ello es el denominado “estado islámico” (EI), un grupo paramilitar que controla una amplia área territorial entre Siria e Irak, donde viven según estimaciones aproximadamente 8 millones de personas.
Este grupo o movimiento radical, se ha autodenominado “estado islámico”, con el objetivo de obtener el apoyo de los Estados musulmanes, sin embargo, hay que tener en claro que NO es un Estado, NI representa los valores propios del Islam.
La aclaratoria es vital en estos días cuando las noticias globales tienen mayor impacto mediático a nivel local, sobre todo porque se debe tener presente que los enfrentamientos entre EE UU y sus aliados, en contra de este particular grupo paramilitar, no representan en ninguna proporción una guerra de Occidente contra el mundo islámico.
Las incursiones militares de EE UU en Afganistán (2001) e Irak (2003), le han brindado al “estado islámico” el argumento necesario para persuadir a un mayor número de personas e incrementar sus miembros, entre los que se encuentran mayoritariamente jóvenes, que han crecido con una sensación de ocupación por parte de las potencias de occidente.
El gran riesgo de este grupo paramilitar no son los aproximadamente 30 mil militantes con los que se dice que cuentan, sino el poder de influencia que puede alcanzar esta agrupación, que basa sus argumentos en una interpretación inadecuada de la doctrina religiosa, reforzando divisiones y resentimientos incluso entre los propios musulmanes; entre sunitas y chiitas.  
Sin lugar a dudas este radicalismo religioso y su capacidad de persuasión entre los jóvenes de Siria e Irak, que representan un 20% de la población total de ambos países, serán parte de los retos que deberá enfrentar la coalición de Occidente para hacer frente a este grupo. Contrario a ello, hasta el momento la estrategia de EE UU se ha centrado simplemente en atacar literalmente -desde el aire- a objetivos específicos, debido a que una posible incursión por tierra requiere del apoyo de potencias regionales como Irán y Turquía.  
En este tenor, se puede decir que el tema de las alianzas es sumamente complejo, pues éste no es un conflicto entre dos grupos en específico (EE UU y aliados vs EI), sino que involucra a otros actores importantes que no apoyan directamente a ninguna de las partes.
Está por ejemplo Irán, que es una de las grandes potencias de medio oriente, y cuya población es mayoritariamente chiita, lo que lo podría posicionar como un aliado natural de la coalición encabezada por EE UU. Sin embargo, sus relaciones con este último están estancadas como consecuencia de su polémico programa nuclear, además, su fuerte postura en contra de Israel, le impide tener una mayor participación en el proyecto de pacificación de la región.
Otro actor que podría tener un peso importante es el gobierno sirio. Sin embargo, pese a ser enemigo del EI, ello no lo hace “amigo” de Occidente, pues apenas hace un año fue acusado por EE UU y sus aliados de utilizar armas químicas para atacar a los insurgentes, que se levantaron contra el gobierno del actual presidente Bashar al-Asad.
Incluso, tan excluido está el gobierno de Damasco que el anuncio de las incursiones militares de EE UU y sus aliados en el territorio sirio les llego por correo, por medio de una carta entregada directamente por el gobierno iraquí.
La construcción de alianzas con las potencias de la región, como la ofensiva contra el avance de las ideas radicales, representan dos retos enormes para que la coalición liderada por EE UU logre alcanzar sus objetivos, que idealmente se asemejarían a la pacificación de la región.
Ambos retos implican más que una efectiva campaña diplomática, el uso de una estrategia social e ideológica basada en la reconciliación, el desarrollo, la tolerancia y la inclusión.
Al igual que las ideas, la memoria humana puede ser también un arma peligrosa si se interpreta como una fuente para generar odio entre las civilizaciones. Más aun sabiendo que en las contiendas no hay ganadores, y que los rencores de los perdedores son el mejor incentivo para la guerra.


© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios informativos en Latinoamérica. Octubre 2014