Gobernanza en un sentido tradicional significa tener la capacidad para
gobernar y dirigir a la sociedad hacia un objetivo común. Aquello tiene como
requisito indispensable el reconocimiento de un sistema de reglas que faciliten
la interacción entre los actores del Estado.
Este concepto se ha enriquecido con los años debido al reconocimiento de
nuevos actores con mayor poder de influencia, que en un buen gobierno, se
sujetan a las reglas del juego, pues comparten un objetivo común con los
encargados de la dirección del Estado.
Un objetivo que puede denominarse desarrollo social, crecimiento
económico, paz y estabilidad o todos los anteriores, ya que éste es siempre
multidimensional, buscando transformar aquellas condiciones que demanda la
sociedad, en la voz de sus organizaciones.
En la literatura es ampliamente reconocido que a mayor gobernanza, o sea
mientras mejores sean los mecanismos de organización de los actores que
convergen en un Estado, se alcanzan mejores niveles de desarrollo, pues el
mutuo acuerdo en objetivos y el respeto a las normas tienen como consecuencia
mayores niveles de estabilidad, paz social y vínculos productivos, lo que
posibilita a que los miembros de la sociedad se enfoquen en el mejoramiento de
sus actividades individuales, además de permitir que el Estado atienda las
demandas más básicas de la pirámide de necesidades de la población.
Por supuesto que este es un escenario ideal que difícilmente puede
adecuarse a todas las interacciones que tiene el Estado con la sociedad. Sin
embargo, esta estructura nos permite diferenciar entre un buen gobierno y un
mal gobierno.
En un buen gobierno sencillamente nadie, ningún grupo actúa por encima
de la ley, esto es, se respeta el estado de derecho. Si bien pueden existir
desacuerdos entre los principales actores del Estado (gobierno, empresarios,
asociaciones civiles, sindicatos, etc.) éstos se resuelven por las vías
institucionales, sin afectar a terceros.
En este caso, el gobierno, independientemente de su ideología y
corriente política, entiende que no hay una receta para atender todas las
demandas de los diferentes actores del poder, pero sabe que cuenta con el apoyo
popular porque ha cumplido con sus funciones más básicas: brindar seguridad, propiciar
el crecimiento económico, atender a los estratos menos favorecidos, hacer
cumplir la ley, y en el marco de sus políticas públicas; ser transparente y
responsable con el uso de los recursos.
Para alcanzar este escenario el gobierno debe dar seguimiento puntual a
los actores del Estado, saber quiénes son los grupos con poder y qué buscan,
para invitarlos a participar con ellos en la planeación e implementación de las
políticas públicas (concientizándolos sobre los límites y alcances de las
mismas) antes de que algún descontento evolucione hacia algún esquema de
desobediencia civil.
Por el contrario, en un mal gobierno los actores del Estado actúan por
encima de la ley, anteponiendo sus particulares intereses sobre los de la
colectividad. El gobierno no hace cumplir la ley, lo que genera un fuerte
descontento con la ciudadanía. Se comenten por parte de algunos grupos
perfectamente identificados actos delictivos que afectan al comercio, se dañan
los edificios públicos sin sanción alguna, se bloquea y deteriora el espacio
público.
Lo más peligroso de este escenario no es la ineficacia de la institución
estatal en el cumplimiento de sus funciones más básicas, sino la polarización
de la población, que puede optar por apoyar a cualquiera de las partes, al
grado de defender incluso actos vandálicos y ofensivos, olvidando que el
desarrollo social no puede erigirse sobre la impudicia, y que el
principal conflicto no es entre las bases, sino entre los dirigentes.
Por supuesto que se puede estar en desacuerdo con el Gobierno en turno,
con sus políticas y acciones, de eso se trata la democracia, de enriquecer al Estado
mediante la pluralidad de sus actores, pero si se pretende evitar la anarquía,
se deben respetar las reglas del juego.
Si lo que se busca es alcanzar algún objetivo público (más recursos para
escuelas, hospitales, mejores salarios, etc.) se debe convencer tanto a los
actores en el poder como a los ciudadanos sobre la importancia de su demanda.
Mostrar este tipo de evidencia no es una tarea sencilla, requiere de
reflexión, investigación y estudios formales. Ello significa demostrar con
datos fehacientes y comprobables que el estado actual de las cosas no es el
adecuado, y que en caso de que se cumplan sus demandas, se logrará resolver la
situación de forma transparente para la sociedad.
En la democracia el poder emana del pueblo. Sin la venia de éste,
ninguna organización, llámese gobierno, sindicato o empresa puede actuar de
forma legítima. Si el interés del pueblo se ve afectado; si sus derechos se
vulneran; si su tranquilidad se transgrede, podemos decir que hay un mal
gobierno, y los malos gobiernos no pueden ser tolerados si aspiramos al
desarrollo de una gobernanza democrática.
© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios informativos
en Latinoamérica. Agosto 2014
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