Empoderar a la mujer es uno de los grandes objetivos de las sociedades
que transitan hacia el desarrollo. Distintos gobiernos en América Latina han
tratado de brindarle mejores oportunidades de progreso a la mujer mediante la
implementación de políticas específicas, que aseguren su participación en el
área educativa mediante becas y otras facilidades, en el área económica a
través de incentivos a las empresas que contratan personal femenino y en el área
política por medio de las conocidas cuotas de género, que aseguran un
porcentaje de representación femenina en los parlamentos locales y nacionales.
El empoderamiento es un tema cuya importancia rebasa las fronteras
nacionales, pues es una meta que se encuentra contenida en el tercer Objetivo
de Desarrollo del Milenio (ODM), el cual insta a los Estados firmantes de la
declaración del Milenio a trabajar en favor de la promoción de la equidad de
género y el empoderamiento de la mujer. La ONU percibe también este objetivo
como un prerrequisito para erradicar la pobreza y el hambre en el mundo.
Durante la pasada conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8 de
marzo) Ban ki-Moon, Secretario General esta organización, sostuvo en su
discurso que “los países con mayores niveles de equidad de género tienen
mayores niveles de crecimiento económico”, una situación que también puede
beneficiar a las empresas que contratan personal femenino o a los parlamentos o
legislaturas que cuentan con una importante representación de mujeres en sus
escaños.
La economista franco-americana Esther Duflo, catedrática del Instituto
Tecnológico de Massachusetts, argumenta que el empoderamiento de la mujer puede
acelerar el desarrollo de un país, subrayando que debe entenderse que la
relación entre el empoderamiento y el desarrollo es un tema bidireccional.
Por un lado, el desarrollo disminuye las inequidades de género, al originar
mejores las condiciones de vida para la población en general, mientras que por
otro lado, la discriminación contra la mujer representa un gran obstáculo para
el desarrollo, ya que hace evidente la existencia de un grupo vulnerable que se
encuentra rezagado de la política social.
Esta premisa bidireccional puede ser sinónimo de confusión para los
tomadores de decisión en nuestros países, porque hace innegable la necesidad de
“decidir” a qué política social se le debe dar más peso: a aquella que
beneficia a la población en general o a aquella que se centra solo en las
mujeres.
Una respuesta rápida nos diría que existen recursos para ambas
políticas, e incluso es lo que se hace normalmente en los países en desarrollo
como los latinoamericanos. Sin embargo, el no tomar en cuenta los efectos que
tienen ambas acciones puede tener como consecuencia el gasto excesivo del
recurso estatal (que es sumamente limitado), sin que ello implique que se logre
empoderar a la mujer o mejorar las condiciones de vida de la población en
general.
En este sentido, para poder priorizar a qué política se le debe prestar
mayor atención es necesario conocer el rol tradicional de la mujer en nuestras
sociedades, así como las facultades tiene la política pública para generar
algún cambio en favor de las mujeres.
Por ejemplo, en sociedades altamente machistas, donde los niños son más
valorados por las familias que las niñas, una efectiva política de intervención
es la implementación del acceso gratuito a la salud, ya que está comprobado que,
en este tipo de sociedades, los gastos en medicamentos o consultas médicas de
las menores son cuantitativamente inferiores a lo que los padres desembolsan en
la salud de sus hijos varones, de manera que en este caso, la política de
seguridad social beneficia mayoritariamente a la mujer.
Otra política general que tiene un efecto más positivo para las mujeres
es la construcción de infraestructura para servicios básicos, como el acceso a
agua potable dentro de la vivienda, ya que en los países en desarrollo, la
recolección del agua es una tarea que realizan mayoritariamente las mujeres, de
forma que, el facilitar este servicio a las familias, ahorra a las mujeres
tiempo valioso que puede ser utilizado en la realización de alguna actividad
para su profesionalización o desarrollo personal.
El fomento a la diversificación económica, la atracción de inversión
productiva y la apertura de empleos calificados son iniciativas que también
pueden beneficiar mayormente a las mujeres, ya que en AL las mujeres cuentan
con niveles de instrucción superior similares al de los hombres, lo que las
convierte en candidatas potenciales para acceder al mercado laboral con mayor
facilidad.
Independientemente de lo anterior, es importante que entendamos que el
empoderamiento de la mujer es un proceso, en el cual la población femenina alcanza
un completo control de sus decisiones en todos los ámbitos de su vida. Será imposible
llegar al final de dicho proceso solo con políticas especiales o generales,
mientras que los prejuicios y estructuras tradicionales de dominación masculina
permanezcan como constantes en nuestras sociedades.
© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios
informativos en Latinoamérica. Julio 2014
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