Islamofobia y libertad de expresión

El mundo de hoy enfrenta una extensa tensión entre sus civilizaciones. La globalización y el subsecuente avance en las tecnologías de la comunicación, lejos de ser instrumentos impulsores de la anhelada “aldea global” han promovido un enorme desentendimiento y mala comunicación entre las culturas, lo cual puede desembocar en un resentimiento infundado hacia personas completamente inocentes.  

Tanto los medios internacionales como los locales propician de forma voluntaria o involuntaria esta situación. Lo hacen cuando sin una explicación adecuada publican noticias que por su encabezado o carácter general pueden ser mal interpretadas por la población, que la mayoría de las veces desconoce a plenitud el tema en cuestión.

Aterrizando esta colaboración a un caso práctico podemos tomar como referencia la “islamofobia” que se percibe en distintos países occidentales, sobre todo, en aquellos que han sufrido de manera cercana un atentado terrorista o cuyas tropas se encuentran combatiendo al mal llamado “Estado islámico” (EI).

En estos países han comenzado a surgir movimientos xenofóbicos que defienden la “identidad” de sus determinaciones geográficas, olvidando que su propia civilización es resultado de la fusión de antiguas culturas que se han transformado gracias a dicha interacción.

Estos grupos, cuyo conservadurismo es también preocupante, han obtenido adeptos gracias a la inadecuada interpretación que la población le brinda a las tendencias noticiosas globales, vinculando de forma inadecuada a los terroristas, fundamentalistas o guerrilleros del EI con las personas que profesan el islam, una confusión que debe erradicarse si deseamos vivir en paz, en sociedades multiculturales.

Para evitar dichas confusiones o malinterpretaciones se pueden tener presentes dos consideraciones.

En primer lugar se deben poner a los actores de las noticias en su sitio. Si leemos una nota sobre un ataque terrorista perpetrado por alguna organización “radical islámica”, por ejemplo, debemos ser capaces de identificar a los culpables sin generalizar, esto es, tenemos que tener presente que los llamados “radicales islámicos” son un grupo particular de personas que no representan ni por derecho, ni por porcentaje, ni por numero a los musulmanes.

El otro caso en consideración es el llamado “Estado Islámico”, el cual ni es un Estado, ni ejerce los principios del islam, de forma que puede identificarse como una estructura ajena al mundo musulmán, que busca obtener sus objetivos geoestratégicos sobre la base de la intimidación y el miedo, fundamentos alejados a cualquier organización religiosa. 

En segundo lugar, en Occidente se debe entender que nuestra escala de valores y cosmovisión es muy distinta a lo que se cree en el mundo musulmán. Erróneamente damos por hecho que cualidades cívicas como la libertad de expresión o la libertad de culto son comprendidas y respetados por todas las civilizaciones. Tan es así, que le hemos brindado el carácter de “universal” a los valores que creemos están por encima de cualquier aspecto individual de nuestra vida diaria.

El tema se complica si tomamos en cuenta que la globalización ha desdibujado las fronteras, por lo menos en el plano de la información y la comunicación, de manera que lo que se publica en un sitio determinado puede ser visto en lugares sumamente alejados, cuyos habitantes pueden no interpretar de igual manera el sentido de dichas publicaciones.

Lo anterior se puede ejemplificar citando la oleada de manifestaciones en diversos países musulmanes en contra del último número del semanario francés Chalie Hebdo, donde se ilustra al profeta Mahoma con la leyenda “todo está perdonado”. En este caso, los occidentales defendemos con validos argumentos la libertad de expresión de dicha publicación, aunque estemos de acuerdo o no con su contenido, mientras que para una persona que profesa el islam, mostrar a Mahoma en forma de caricatura es un insulto a sus creencias, una gran ofensa a su ícono divino.

El problema puede sintetizarse en una falta de entendimiento y comprensión entre las partes, pues mientras que muchos Occidentales tienen menos arraigo a sus iconos religiosos y por tanto sitúan con mayor jerarquía a la libertad de expresión, una cantidad importante de musulmanes colocan a sus deidades antes que cualquier libertad.

Lo mismo ocurre en la relación entre la religión y el estado. Mientras que en las civilizaciones occidentales se establece una separación relativamente clara entre las leyes del ser humano y las leyes de dios (pese a que aún sobreviven monarquías simbólicas), en el mundo musulmán el Estado está fusionado con la religión, de manera que los lideres religiosos cuentan con poder político y capacidad para movilizar a las masas.

Si tan solo quienes señalan y generalizan para culpar a un grupo cultural particular reflexionaran respecto a las diferencias en cuanto a los valores y símbolos de cada civilización, tendríamos un mundo con mayor pluralidad y tolerancia, un mundo empático. No se trata de imponer una libertad sobre una creencia, sino de comprender las razones de uno y de otro, ponernos en su lugar para establecer qué es lo más adecuado, porque solo cuando hay entendimiento gobierna la paz.

© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios informativos en Latinoamérica. Febrero 2015.

Sobre México y su transformación (Parte II)

La buena gobernanza implica que el gobierno abra sus puertas a los ciudadanos para que participen en las decisiones de la vida pública. Obviamente, dicha apertura tiene que enfocarse en aquellas personalidades con autoridad moral y reconocimiento por parte de la población.

Este tipo de iniciativas enriquece las propuestas del Estado para hacer frente a sus amplios retos, además de comprometer a los actores ciudadanos a darle seguimiento y monitoreo a las políticas gubernamentales.

Los ciudadanos son la clave del poder en el siglo XXI. Como lo afirma el analista internacional Moisés Naím, los poderes tradiciones tales como los gobiernos o las grandes estructuras burocráticas, ya no dominan el contexto en el que se desenvuelven; ya no son capaces de predecir cómo actuará la sociedad ante un hecho determinado; ya no controlan las variables decisivas.

Esta aceptación respecto a la decadencia del poder tradicional tiene que entenderse entre quienes dirigen el destino de México. Hoy ya no es suficiente para la sociedad la versión oficialista, donde el discurso se disfraza para engañar a los incautos.

Hoy en día, hay un sector de la sociedad mexicana que critica, que exige mejores argumentos, que no se conforma con el discurso romántico del cambio, sino que reclama acciones contundentes, preventivas, donde el Estado regule en favor de las mayorías.

Sin embargo, esta efervescencia por convertirnos en una sociedad crítica y propositiva, tiene que acompañarse con el compromiso de construir ciudadanía entre aquellos menos afortunados, quienes son considerados por los líderes políticos monedas de cambio, votos baratos, masas influenciables que no verán una transformación real en sus precarias condiciones, si no se revelan al sistema que voluntariamente los oprime.

La ruptura con el modelo clientelar, que sobrevive en nuestros días empoderando a “líderes locales” para administrar electoralmente una zona determinada, podrá alcanzarse solamente cuando la población se entere de los beneficios de tener un buen gobierno, cuando enfrenten con valentía a quienes buscan dominarlos y pongan en su sitio a quienes pretenden tomar el destino de sus determinaciones geográficas, y por ende de sus vidas.

Convertir a la gente en ciudadanos es una tarea que requiere de mucha educación cívica, pero también de disposición política para renunciar a los “votos seguros”, al “voto duro”, a las zonas que se mantienen a propósito atrasadas para dominarlas. Esta es una tarea que difícilmente harán quienes se benefician del sistema, pero que es igualmente una puerta de oportunidad para aquellos que criticamos con propuesta, tratando de corregir aquellas condiciones que por años han sido lastres para los mexicanos.

El siglo XXI es el siglo de la sociedad civil organizada, no de los políticos, ni de sus partidos. El entorno internacional nos brinda excelentes ejemplos de cómo una población organizada puede alcanzar sus ideales democráticos; de cómo una tragedia nacional puede trascender fronteras para ser arropada por otros ciudadanos del mundo; de cómo el malestar social puede institucionalizarse para lograr cambios políticos trascendentales en un entorno de paz. 

Vivimos un momento ideal para que los ciudadanos tomemos el control de nuestras comunidades, municipios o estados. La globalización y sus herramientas de híper-comunicación nos brindan elementos para comparar, seguir, monitorear, las acciones y políticas de quienes nos gobiernan. Nos dan la oportunidad de fundamentar nuestras posiciones con base en evidencia, esto es, nos permiten argumentar con solvencia sobre lo que creemos que puede hacerse mejor.

No obstante, como hemos comentado en colaboraciones pasadas, la globalización requiere de un ancla, que es la identidad, y de una brújula, que es la educación, para ser aprovechada.

En caso de carecer de ambos artefactos (de la brújula y el ancla) la globalización se convierte en un instrumento de dominio, en una cartera infinita de entretenimiento sin aprendizaje, ni beneficio para la sociedad.

El cambio del país está en sus individuos. En el empeño que cada persona le pone a sus actividades diarias. En los valores que heredamos a las generaciones futuras. En el ejemplo que le damos a nuestros hijos e hijas. En el valor y compromiso que tengamos para rechazar a aquellos que quieren seguir dominándonos con las mermas del poder. La decisión del cambio es individualísima, pero su efecto puede ser ampliamente reproducible entre quienes soñamos todos los días con construir un mejor país.    

*Texto modificado en la versión para América Latina "La construcción de un mejor país"

© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios informativos en Latinoamérica. Febrero 2015.

Sobre México y su transformación (Parte I)

A mí también me gustaría ver transformarse a México. Soy un crítico de lo que considero está mal, pero la mayoría de las veces trato de acompañar mi critica con propuesta. Estoy consciente de que uno de los grandes retos de toda nación es el ejercicio de lo que -debe ser-, en detrimento de lo que –es-.

Podría considerarme un idealista, de no ser porque el mundo nos brinda una baraja de ejemplos en las que “otros” países han logrado grandes transformaciones, con lo cual nos dan pauta para pensar que sí hay posibilidades de cambio, que sí es posible hacerle frente a los problemas de los países en desarrollo, que sí se puede enfrentar a la corrupción, al nepotismo, a la inseguridad, etc. si trazamos la meta del país en el que deseamos que habiten las generaciones futuras.

Es evidente que el primer reto que superar es la corrupción, un tema que ha llegado al discurso de los líderes políticos de todos los partidos, de forma reactiva, pero que no ha encontrado eco en las acciones de los encargados de castigar este mal, como si ha ocurrido por ejemplo en España. Se escuchan en la radio spots promovidos por ciertos gobiernos estatales, por líderes partidistas que afirman “meterán a la cárcel a los corruptos” cuando la nota radiofónica anterior describe un video que circula en las redes, donde es evidente “el moche” que pide la mano derecha de un alcalde de este mismo partido a un constructor.

En este tenor, nuestros políticos deben entender que adoptar de forma general en su línea discursiva, tanto las necesidades como problemas del país, no los hace más cercanos a la población, sino que hace evidente la falta de respuestas específicas, a los problemas que son particulares de las determinaciones geográficas. En otras palabras, un político miente cuando afirma que mejorará las condiciones económicas, de seguridad, salud, educación, etc., porque no tiene la certeza de ello, simplemente lo dice porque es lo que la gente quiere escuchar.

La falta de certeza de los líderes políticos se debe a que condiciones como la seguridad, el crecimiento económico, la salud, e incluso la educación dependen en gran medida de una coincidencia de factores, en los cuales, el impacto de la política gubernamental es mínimo, sobre todo en gobiernos “austeros”. Éstos contribuyen a que exista una mejora, mas no son determinantes en esta empresa. 

Por ello, en este espacio hemos propuesto que los gobiernos vuelvan a lo básico, que actúen de acuerdo a sus facultades y posibilidades. Que cumplan con su función primordial: generar escenarios de oportunidad para que la población se desarrolle.

Tanto a nivel federal, como en el ámbito estatal y municipal muchos gobiernos en México han demostrado ser ineficaces en cumplir con sus tareas más básicas. Puede que este sea un problema de insuficiencia presupuestaria, pero la opacidad con la que manejan las cuentas públicas deja sospechas al ciudadano, que simplemente no encuentra canales de participación en la vida de sus comunidades.

La participación ciudadana es una herramienta democrática que no se ha sabido, o no se ha querido aprovechar. Un gobierno honesto, legítimo, eficaz, no tiene por qué temer que miembros imparciales de la población revisen sus cuentas, evalúen sus políticas públicas y le den seguimiento a sus acciones. Incluso, con la participación ciudadana se pueden legitimar acciones para disminuir la influencia negativa de ciertos grupos de presión que dañan el “escenario de oportunidades” que idealmente construye el estado.

De esta forma, un gobierno local podría convocar a miembros destacados de la sociedad para tratar un tema polémico, como lo es por citar un ejemplo el “paro” en las escuelas. El gobierno local fungiría como moderador escuchando a las partes afectadas. En este foro, los padres de familia podrían exponer con libertad su insatisfacción por el impasse en la educación de sus hijos, los manifestantes podrían presentar sus demandas, las cuales tendrían que estar al alcance de la autoridad local -si es que tienen intención de resolver el problema-, mientras que los representantes gubernamentales podrían explicar las limitantes que tienen para cumplir con las demandas de quienes se manifiestan.

En este escenario ideal, ceteris paribus, los acuerdos tendrían que llevarse a cabo, pues llevan en sí mismos la esencia de la democracia: participación, tolerancia, empatía, bien común, entre otros. Sin embargo, en la realidad nos toparíamos con “detalles” que arruinarían nuestra perfecta asamblea: en primer lugar el reto sería sentar en una mesa de diálogo a las partes, en segundo lugar se cuestionaría la autoridad moral de los convocantes, en tercer lugar sería difícil el respeto a las formas, y así podríamos seguir con un mar de complicaciones que explican en parte, el lento progreso de muchos estados del país. 

Con ello no pretendo decir que es imposible que se lleven a cabo esquemas de participación ciudadana en México, sino que estoy convencido que éstos instrumentos de la democracia van acompañados por la buena gobernanza, la cual es escasa en el país...

*Texto modificado en la versión para América Latina "Memorias de México" 

© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios informativos en Latinoamérica. Febrero 2015.

Charlie Hebdo y el choque de civilizaciones

La globalización ha alimentado la posibilidad de construir una aldea global, en la cual se acepten como universales ciertos valores que promuevan la paz y una convivencia armónica entre individuos de diversas naciones. Quienes sostienen que este escenario es posible han argumentado que la convivencia constante y respetuosa, así como el incremento de las interacciones entre distintas civilizaciones, será la base para crear una comunidad humana que pueda convivir con sus semejantes sin entrar en conflicto.

Hace algunos años, el politólogo estadunidense Samuel Huntington, en un prolífico artículo titulado “El choque de civilizaciones” sostuvo que el escenario antes descrito solo sería posible si los distintos grupos humanos aprendían a convivir con los demás, ya que el origen de los conflictos en el siglo XXI serían justamente las diferencias entre los mismos.

Huntington identificaba a las civilizaciones como el nivel más alto de organización de las personas, ya que en ellas se engloban las costumbres, el idioma, la religión, la historia y la cosmovisión de un grupo de individuos que se identifican entre sí como parte de una comunidad. 

La identidad de cada civilización se convierte en el elemento que puede generar enfrentamientos entre las mismas, pues según Huntington, la globalización lejos de lograr una fusión efectiva, genera un rechazo en cuanto a la imposición de valores que los Occidentales consideran “universales”, por el simple hecho de que tienen diferentes percepciones en conceptos como los derechos humanos, la libertad, la igualdad, la relación del individuo con su Dios o con el Estado, etc.

Como ejemplo tenemos la ola de manifestaciones que han acontecido en el mundo islámico, como consecuencia de la publicación del semanario satírico Charlie Hebdo, donde se muestra una representación en imagen del profeta Mahoma con el encabezado “Tout est pardonné” (Todo está perdonado), haciendo alusión al ataque terrorista que sufrió la publicación el pasado 7 de enero.

Es importante aclarar que el tema del atentado escapa a la reflexión de la presente colaboración, pues su naturaleza es injustificable. El uso abusivo de la fuerza y la violencia no pueden ser nunca cualidades de una civilización, sino que son expresiones de grupos radicales y extremistas que con este tipo de acciones lastiman a toda la humanidad.

Volviendo al tema de las manifestaciones en el mundo musulmán, que han tenido incluso conclusiones fatales en algunos países, se puede decir que el origen de este descontento no radica en la intolerancia a la libertad de expresión, sino a la incomprensión y jerarquización que dos civilizaciones distintas le brindan a esquemas de valores y libertades.  

Mientras que en la civilización occidental creemos que son ampliamente entendidos diversos conceptos como los derechos humanos, la libertad de prensa, incluso la libertad religiosa, en otras civilizaciones, pese a que ha existido una larga convivencia con los Estados occidentales, incluso pese a que muchos de sus miembros han nacido en países íconos de esta civilización como Francia, el respeto a sus ídolos religiosos es más importante que la libertad de prensa, teniendo una priorización distinta a un orden que se cree resuelto en Occidente: la división de lo público (libertad de expresión) y lo privado (la libertad religiosa).  

El mismo Huntington sostuvo en su argumento que las guerras del siglo XXI ya no se disputarían entre países, sino que serían entre civilizaciones. La principal razón de ello no es otra que el desacuerdo, la mala comunicación y el malentendido. Lo que los occidentales percibimos como una libertad, en este caso como la libre exposición de las ideas, en el mundo del islam se advierte como un ataque a su líder espiritual. Mientras que nosotros observamos en sus manifestaciones un fanatismo religioso, ellos lo ven como una defensa legitima a aquellos valores que los identifican como civilización. Mientras que los occidentales distinguen a la religión como un elemento individualísimo y privado, ellos lo aprecian como una herencia cultural que habita en el ámbito público.

Estas claras diferencias entre civilizaciones deben motivar un diálogo constante entre quienes formamos parte de las mismas. Deben impulsarnos a no generalizar ni estigmatizar a quienes son distintos a nosotros, sino al contrario, nos deben motivar a tratar de entender a quienes comparten una determinación geográfica con nosotros, pero cuyas creencias, tradiciones y cosmovisión son diferentes.

Como Huntington afirmó en su momento, la paz como un objetivo exitoso solo podrá alcanzarse si entendemos que en el mundo, más que la creación de una civilización universal necesitamos que las generaciones futuras aprendan a convivir entre ellas, se comprendan entre sí, estando conscientes de que cada grupo tiene una escala de valores distinta, y que la única manera de alcanzar la paz es respetando los valores que nos diferencian, privilegiando el diálogo y dejando de lado las provocaciones.

© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios informativos en Latinoamérica. Enero 2015.

Volver a lo básico

Es bien sabido que en los países latinoamericanos el gobierno tiene grandes retos que superar con el objetivo de generar mejores escenarios para que la población prospere. Diversas autoridades implementan muchas veces planes y programas ambiciosos para “contribuir” a reducir la pobreza en sus múltiples aristas, mejorar las condiciones de salud, educación y empleo, sin ir más allá del discurso demagógico y de la política asistencialista que han demostrado ser ampliamente ineficaces. 

Ante la falta de credibilidad y confianza que tiene el gobierno hoy en día es necesario que quienes dirigen el destino de nuestras determinaciones geográficas vuelvan al manual; revisen cuáles son las funciones del Estado y se enfoquen en lo básico, en lo único que son capaces de alcanzar.

De otra forma, seguiremos teniendo gobiernos incongruentes que no encuentran cómo poner en práctica sus propuestas, cómo convertir sus románticos discursos en políticas públicas exitosas, cómo administrar eficientemente al Estado.

Si nos enfocamos a los gobiernos locales, que son por naturaleza los más cercanos a la población, podremos identificar una serie de incongruencias y discrepancias de las que vale la pena emprender una crítica, que debe leerse siempre como constructiva.

Basta con prestar atención al cuidado que le dan a las calles, a los centros turísticos y sitios históricos, la manera en la que se empiezan nuevas obras sin planear el momento oportuno para hacerlas, sin dar mantenimiento a los lugares más visitados, sin reparar hoyos o bancas en parques públicos.

Es necesario evaluar su eficiencia en la provisión de servicios públicos, en la dotación de agua potable y su calidad, en la recolección de basura, en la limpieza de parques y jardines, en el alumbrado público, etc.

También se puede emprender una medición en términos de la capacidad del gobierno para negociar con grupos de presión. Sin embargo, ¿qué autoridad moral pueden tener aquellos gobiernos que no cumplen con lo básico, que apremian a la improvisación, que no se han ganado la confianza de la población, que en vez de resolver con voluntad política la problemática, por medio de los ciudadanos, se cruzan de brazos para que otros resuelvan ante su incapacidad o su ambición?

¿Qué puede esperarse de aquellos Estados incapaces que no defienden los derechos de los ciudadanos, que permiten que la gente se acostumbre a vivir en situaciones sumamente alejadas del progreso; con bloqueos viales, tomas de aeropuertos, centrales de autobuses, gasolineras, bancos, etc? En este tipo de lugares reina solo la incertidumbre.

Los más afectados siempre en un mal gobierno, deficitario de gobernanza, somos los ciudadanos, quienes vivimos literalmente “entre la espada y la pared”, entre un gobierno incapaz y grupos de presión cuyas acciones “detienen” el crecimiento natural del Estado, e incluso  heredan el problema a las generaciones futuras.

El papel del Estado es generar las condiciones necesarias para la población se desarrolle. Esta función le exige que nadie esté por encima de la ley, que haya caminos libres, dignos, transitables, que se brinde una política social imparcial y comprometida, que las políticas públicas se elaboren con base en el interés general y no en el individual.

En reiteradas ocasiones hemos afirmado que el mejor gobierno es del que no se escucha, el que cumpliendo con sus funciones básicas recibe en consecuencia la venia del ciudadano en los periodos electorales, que representan hasta este momento los únicos mecanismos de control que tenemos hacia el sistema político.

Los ciudadanos organizados conformamos una parte vital para dar solución a los problemas que nos aquejan. Si queremos que las cosas cambien verdaderamente tenemos que aceptar que esta magna empresa es una responsabilidad compartida. Tenemos que exponerle tanto a los malos gobiernos como a los grupos de presión nuestra inconformidad. Tenemos que abrir nuevos canales de participación, otorgando ideas, tiempo y esfuerzo en la mejora de nuestros Estados. Ésta no es una tarea a corto plazo, habremos de tener paciencia pues será una empresa que tendrán que consolidar las generaciones venideras, pero a nosotros nos toca sentar sus bases y cimientos.

© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios informativos en Latinoamérica. Enero 2015.

Confianza y credibilidad

Las democracias modernas tienen un reto innegable que superar: el déficit de confianza y credibilidad que sufren los gobiernos que de ellas emanan. Las causas de este problema pueden ser variadas y van desde la falta de efectividad para hacer frente a los complejos problemas de las sociedades contemporáneas, hasta la incapacidad para resolver dificultades estructurales como la corrupción, que es un tema que se señala con mayúsculas en los países en desarrollo, pero que poco se atiende en realidad.

La doctora Karen Jones, catedrática de la Universidad de Melbourne, sostiene que tanto la confianza como la credibilidad son elementos indispensables para reducir los costos de transacción en la difícil relación entre ciudadanos y gobiernos. De forma que a mayor déficit de confianza y credibilidad en la administración pública, mayores serán los canales obligatorios y punitivos para hacer que los ciudadanos participan y contribuyan con las labores del gobierno.

Este argumento tiene bastante lógica. Si los individuos confían en que los gobiernos de sus comunidades cumplirán efectivamente con sus funciones básicas, esto es de forma eficiente y eficaz, entonces no tendrían argumentos para reusarse a pagar sus impuestos y cumplir con su obligación ciudadana. Sin embargo, si la administración de un gobierno no es efectiva, aunque exista una “obligación” para contribuir a las arcas públicas, el individuo está en su derecho de cuestionar, o en su defecto, de manifestar su desaprobación respecto a la manera en la que se utiliza el recurso que éste aporta.

Este escenario indeseable tanto para los ciudadanos como para los gobiernos puede resolverse mediante la edificación de confianza y credibilidad, ambos conceptos en construcción que tienen elementos en común: pueden ser considerados valores, requieren de voluntad para ser alcanzados, y solamente pueden generarse mediante el seguimiento de un proceso a largo plazo.

La construcción de confianza y credibilidad no se genera simplemente con el ágil discurso político, en el que se expresa “qué se creará” o “qué se tendrá que hacer” para tener mejores instituciones, pues esta acción como diría el pensador Rubén Amador es como creer que con una pincelada tendremos el cuadro completo.

Como el académico australiano Richard Holton sostiene “confiar” puede considerarse una decisión que es influenciada por el ambiente que nos rodea. Por ejemplo, en un viaje de vacaciones una persona puede quedarse dormida en el autobús que lo lleva de forma cotidiana a su lugar de origen. Sin embargo, si en alguna ocasión ocurre un evento que impide que esta persona llegue con bien a su destino (algún accidente, asalto, etc.) ella o él pueden decidir no confiar otra vez en este ambiente particular.

Antes de realizar el viaje es improbable que esta persona se haya tomado algún tiempo para pensar en los aspectos superfluos de esta actividad; como la ruta del autobús, la experiencia del conductor, el riesgo de quedarse dormida, etc. Sin embargo, la experiencia negativa que sufre en el viaje se convierte en un elemento que traiciona su confianza.

En consecuencia, se puede decir que en un principio (si las cosas salen como debe ser) no hay un motivador de desconfianza en el ambiente del individuo, sino hasta que éste experimenta algo que afecta su percepción sobre una situación particular.

Como lo muestra el ejemplo anterior, las personas confiamos pretendiendo que existen mecanismos de control para el ambiente en el que desarrollamos nuestra vida diaria, cuando algo negativo nos ocurre o cuando las cosas no funcionan como debiera ser, comenzamos a cuestionar al ambiente, a sus instituciones y a los mecanismos de control que las gobiernan.

Se dice que el mejor gobierno es aquel del que poco se escucha, que el ciudadano común y corriente no cuestiona a quienes lo representan cuando tiene los satisfactores básicos para realizar sus actividades cotidianas; cuando existen buenas vialidades, calles seguras, servicios públicos de calidad, inversión, empleo, educación, etc.

Sin embargo, como en una relación cíclica ello no puede alcanzarse sin la cooperación de ambas partes, sin la amalgama que permite más interacción a menores costos. La confianza puede considerarse un proceso porque requiere de múltiples pasos para ser construida, donde la etapa final es la credibilidad.  Al final de cuentas,  tanto la confianza como la credibilidad son elementos imprescindibles del Estado, pues facilitan las complejas interacciones de las sociedades modernas.

© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios informativos en Latinoamérica. Enero 2015.