lunes, 22 de septiembre de 2014

Democracia en América Latina



La participación ciudadana en la vida pública es un requisito elemental para alcanzar una gobernanza democrática. Hay dos momentos elementales en los que el ciudadano puede participar en el destino de sus naciones: durante las elecciones y cuando se ejerce el poder, esto es, en el periodo que comprende a los gobiernos.
Ambos momentos están fuertemente relacionados entre sí: si un ciudadano no participa en las elecciones, difícilmente lo hará en el gobierno que de éstas emane, y, si un ciudadano no confía en su gobierno o en las instituciones democráticas, difícilmente lo hará durante el periodo electoral.
La última medición referente a los progresos democráticos en la región latinoamericana, el Informe 2013 del “Latinobarómetro”,  señala que han habido importantes avances en esta materia en América Latina, pues la ciudadanía latinoamericana reconoce sus derechos y los ejerce en voz de sus manifestaciones populares.
Sin embargo, este reconocimiento no es congruente con el ejercicio de su obligación cívica para participar en las elecciones, ello como consecuencia de los grandes retos que no han superado las instituciones democráticas como: la desigualdad, la corrupción y en algunos casos la inseguridad.
Hablar de una región tan heterogénea como la Latinoamericana no es sencillo, sobre todo cuando se cubre el aspecto político, donde yacen las mayores divergencias. Sin embargo, como lo afirma el informe del Latinobarómetro, se puede distinguir entre dos américas latinas; una que crece y disfruta y otra que es simplemente espectadora de este crecimiento, sin experimentarlo.
De los 18 países que se tomaron en cuenta para esta medición realizada entre 1995 y 2013, en 11 hubo un aumento al apoyo a la democracia, donde sobresalen los casos de Venezuela y Ecuador. Cada uno de estos países tiene características propias que pueden considerarse sintomáticas en el  aumento en este rubro. Por ejemplo, para el caso de Venezuela, este incremento puede explicarse debido a la efectividad con la que el “chavismo” ha logrado generar una sensación de inclusión en su población, pese a que existen importantísimas asignaturas pendientes en aquel país como la libertad de prensa y el hostigamiento a la oposición.
En el caso de Ecuador, la figura del presidente Correa ha sido muy importante, pues significó un cambio en la elite gobernante de aquel país. Los logros económicos de Ecuador le han permitido también combatir de forma efectiva las desigualdades, lo que desemboca en una mejora en la percepción social. Vale la pena comentar a este respecto, la ambiciosa estrategia educativa de este gobierno, que cuenta con uno de los más amplios sistemas de becas internacionales en América Latina.
El problema con Ecuador es que no existe un equilibro de poderes, sino que la figura presidencial domina al legislativo y al judicial, debilitando la imagen del gobierno en el entorno internacional.
En este tenor, es importante mencionar que el estudio del Latinobarómetro se basa en la percepción de la democracia como una experiencia vivencial de los ciudadanos, lo que no implica que los encuestados relacionen directamente el término con la estructura normativa e institucional de la misma. Esto explica por qué países como Venezuela o Ecuador, cuya imagen internacional está alejada de los valores democráticos, sean justamente los que encabezan la medición.
Por otro lado, en 7 de los 18 Estados medidos disminuyó el apoyo de la población a la democracia. De éstos sobresalen 2 países: Costa Rica y México. En el primer caso puede observarse un cambio drástico en uno de los gobiernos que gozaban de una buena aceptación de la democracia en la década de los noventa, la cual pasó de 80% en 1996 a 53% en 2013, representando una caída de 27 puntos.
En México, se observa una caída de 12 puntos, ya que en 1995 el 49% de la población apoyaba la democracia, mientras que en 2013 tan solo 37% lo manifestó. El caso de México es particular porque es el único país de América Latina donde la transición a la democracia ha tenido como resultado un efecto negativo de la ciudadanía hacia esta forma de gobierno.
Este reporte subraya que es posible que las causas que explican esta situación puedan ubicarse en las condiciones coyunturales del país (violencia y narcotráfico) que demandan salidas más allá de lo político, para volver a escenarios de paz que se vivieron en décadas pasadas.
Otra revelación importante del estudio muestra una correlación entre la desigualdad y la falta de apoyo al sistema democrático, en pocas palabras, la gente que no participa en la democracia es aquella que no se siente incluida, un dato que debiera alarmar a los arquitectos del sistema democrático latinoamericano, ya que genera argumentos sustanciales para aquellos que no creen en este sistema y que buscan desestabilizarlo a toda costa.
La democracia latinoamericana aún tiene grandes retos por superar, de ellos el más importante es involucrar a la ciudadanía en las decisiones de la vida pública. La gran ventaja de la democracia radica en los escenarios de participación e inclusión de ideas que pueda generar, mientras que la capacidad para procurar gobiernos efectivos depende directamente de las cualidades de los gobernantes, no de su sistema de elección.

© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios informativos en Latinoamérica. Septiembre 2014

domingo, 14 de septiembre de 2014

Cacaluta, el paraíso de la discordia

Quedan pocos lugares en el mundo que pueden considerarse paraísos naturales respetados por la ambición económica del ser humano. La Bahía de Cacaluta, en la costa de Oaxaca es uno de ellos. Quienes hemos tenido la dicha de visitarla podemos constatar que es un edén natural de gran riqueza, cuyo valor es incalculable.
De acuerdo con el estudio “Análisis territorial de la micro-cuenca y bahía del río Cacalauta, Santa María Huatulco, Oaxaca” realizado por investigadores de la Universidad del Mar (UMAR), la zona de la Bahía de Cacaluta presenta distintas características de gran valor medioambiental, pues alberga una cantidad importante de especies animales y vegetales, además de tener una función primordial para el equilibrio ecológico de la vida marina.
En este estudio publicado en 2006, los investigadores Verónica Gómez, Manuel Domínguez y Tomás González expusieron que la zona tiene prácticamente 300 días de sol al año, con escasas precipitaciones, lo que sumado a su belleza estética, genera un escenario potencial en el que pueden entrar en conflicto diversos intereses, como resultado de las variadas actividades que pueden realizarse en aquella área.
En 2008, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) emprendió un programa para “Renacer Huatulco” como un importante destino turístico nacional e internacional. De entre las medidas que contempló el plan de aquel gobierno federal, estaba la promoción a la inversión privada para construir en Cacaluta y otros lugares, diversos complejos turísticos.
Este hecho tuvo reacciones negativas en varios sectores de la población local, en diversas organizaciones de la sociedad civil e incluso entre los investigadores de la UMAR, que advirtieron, con evidencia científica, sobre al enorme daño ecológico que derivaría la construcción de infraestructura turística en la zona.
Se unieron a la defensa de Cacaluta diversos personajes del mundo de las artes; pintores, escritores, actores, así como también activistas de índole político, que lograron colegiar sus objetivos para emitir en conjunto una carta al ejecutivo federal, para que se proteja el área que corresponde a la micro-cuenca, bahía e isla de Cacaluta.
Diversos legisladores se sumaron a la iniciativa, pidiendo de forma protocolaria a la Secretaria de Turismo y a FONATUR renunciar a sus intenciones de construcción en la zona.
Tanto el argumento de los activistas como de los legisladores tomó como referencia una serie de tratados internaciones firmados por México que protegen el área desde hace poco más de diez años, razón que blindaría jurídicamente a Cacaluta.  
Sin embargo, FONATUR aún sigue promocionando a Cacaluta entre sus destinos de inversión. Incluso afirma que existe la capacidad para albergar un campo de golf, construir 2 hoteles con capacidad total de más de 1,900 cuartos, etc. Hasta el momento, los enormes esfuerzos de intelectuales, activistas, artistas, etc. no han dado los resultados esperados, pero la defensa sigue adelante.  
Quizás la audiencia a la que se busca llegar no fue del todo la indicada. Si bien los distintos movimientos que defienden Cacaluta han logrado acercar el tema en medios locales, nacionales e incluso internacionales, hoy en día es cada vez más difícil, ante lo fragmentado de las audiencias, posicionar un tema particular en la agenda mediática.
Además, la estrategia de lobbying se ha centrado solamente en la persona del ejecutivo federal y en sus dependientes; la Secretaría de Turismo y FONATUR principalmente. En este tenor, el principal actor o el agente al que se debe buscar influir no es precisamente el presidente de la República por dos razones sencillas: tiene demasiados temas en su agenda y, asignarle la responsabilidad de resolución de éste representaría un tedioso centralismo en el manejo del poder, que es contrario a la existencia de organizaciones responsables de sus funciones.
Quizás una estrategia con mayor dirección sería persuadir al órgano de gobierno de FONATUR, el Consejo Técnico, el cual se compone de siete miembros con nombre y apellido, que provienen de las siguientes instituciones: SHCP (2 miembros), SEDESOL, ST, BM, SCT y SEMARNAT.
Como puede verse, en dicho Consejo cuatro de los siete miembros se preocupan por el tema del dinero, uno solo por la actividad turística, uno por el desarrollo social y uno por el cuidado del medio ambiente. Si hoy votaran el destino de Cacaluta o de cualquier otro destino turístico el resultado sería predecible.
Desde este reflector mundial nos sumamos a la defensa de Cacaluta, nos unimos a la intención de preservar el valor intangible de los recursos naturales, que hacen de México un referente internacional. Hoy en día, la dinámica del poder ha cambiado dotándonos de nuevas oportunidades a los actores no tradicionales, quienes unidos podemos ser el contrapeso que nuestro país necesita, para equilibrar la balanza en favor del interés de las mayorías. Hagámoslo estratégicamente.

Dedico esta colaboración a la memoria del Doctor Juan Manuel Domínguez Licona “el Doctor Licona”, ferviente defensor de Cacaluta y uno de mis grandes maestros en la UMAR.  

© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios informativos en Latinoamérica. Septiembre 2014



martes, 2 de septiembre de 2014

Construyamos una comunidad global

Para mucha personas es sumamente difícil entender el entorno internacional que vivimos de forma cotidiana. Un escenario donde están siempre presentes los enfrentamientos directos e indirectos entre las civilizaciones o las grandes potencias; donde los países pequeños tienen una incidencia menor en los conflictos, pero son siempre los más afectados; y donde la paz se convierte en un objetivo cada vez más lejano, pese a que es una de las grandes metas de la comunidad mundial.
Esta situación obliga a los ciudadanos del mundo a preguntarnos, si las diferencias culturales de las personas son suficientes para que países o regiones enteras entren en conflicto entre sí, con el único fin de demostrar su superioridad en X o Y rubro; ¿Acaso las diferencias culturales pueden ser argumentos válidos para que dos o más civilizaciones comiencen una guerra?
Evalúelo usted estimado lector, que ha sido testigo directo e indirecto de los extensos movimientos migratorios mundiales, que ha visto la desnacionalización de las razas, que cree que el ser humano, independientemente de su origen, cuenta con derechos intrínsecos que lo deberían acompañar siempre, en cualquier lugar en donde se encuentre.
En los países que se consideran multiculturales, que han recibido volúmenes importantes de personas provenientes de diferentes rincones del planeta, las diferencias representan una ventaja, pues la pluralidad de ideas tiende a enriquecerse con la diversidad del brebaje cultural de una sociedad, siempre y cuando ésta cuente con efectivos canales de convivencia donde la supremacía sea siempre la ley.
Las diferencias culturales en un ambiente global pueden considerarse parte de una riqueza única, que abre la posibilidad a que los individuos se conozcan, para que intercambien mensajes cargados de cientos de años de historia, con el fin de decidir el camino que desean tomar.
En pocas palabras, la diversidad se convierte en una cualidad de la libertad, en la que el individuo decide sobre las tradiciones y costumbres que desee seguir, considerando que el elemento más positivo de las grandes civilizaciones del planeta es la convivencia pacífica.
Desafortunadamente, la perspectiva que gobierna la dimensión intelectual e ideológica de los líderes mundiales es el realismo. Un paradigma que considera que el entorno internacional es anárquico, esto es, que no puede existir una gobernanza o autoridad a nivel global que tenga la fuerza suficiente para instituir un orden normativo, que derogue o disminuya la posibilidad del conflicto.
Al contrario, el paradigma del realismo sostiene que en la arena internacional los países están en constante preparación para la guerra: invierten una alta proporción de sus presupuestos en sus ejércitos, se alían con empresas y centros de investigación para el desarrollo de armamento más efectivo y eficiente, se unen en bloques para reforzar su interdependencia militar, y finalmente, negocian entre ellos los resultados o beneficios de los conflictos regionales.
En este sentido, lo que se puede interpretar es que los principales “focos rojos”, llámese Palestina, Ucrania, Siria, Irak, Sudan, etc., son en realidad disputas del poder entre líderes, no entre personas. Es así que la población es representada, para estos maestros del ajedrez global, como simples –peones- que sufren las catastróficas consecuencias de las guerras, mientras que sus “lideres” sobreexplotan la soberanía que les otorga de buena fe el pueblo, sin pensar realmente en lo que necesitan quienes guardan en su conjunto el único valor legitimo para hablar en nombre de una nación o un estado.
Sin embargo, el problema no se centra simplemente en las diferencias entre las civilizaciones; pues -los odios añejos- de la historia tienen a disminuir su influencia en la sociedad conforme pasan las generaciones. El problema está en el aparato mercantil que sostiene al paradigma del realismo.
Como en un círculo vicioso los Estados se militarizan y se alían estratégicamente, generando un aparato económico que gana fuerza conforme avanzan las tensiones, y que solo puede aceitarse mediante el uso de las armas. Esta es una industria que representa miles de millones de dólares y otros tantos miles de empleos, e intereses entre quienes han visto en la destrucción un fructífero negocio.
Aunque suene redundante, lo único capaz de vencer al beneficio económico en la globalización es el beneficio económico. La única manera de romper con el paradigma realista de nuestros líderes es convenciéndolos que la cooperación es más lucrativa que la guerra, que el libre comercio puede ser una opción de ganar-ganar para los actores implicados (vendedores y compradores), que las diferencias nos hacen mejores, porque nos invitan a tomar en cuenta un mayor abanico de posibilidades.
El cambio también está en los ciudadanos, quienes poseemos unidos la soberanía y legitimidad del Estado; quienes organizados podemos condenar las acciones de los gobiernos que no nos representan; quienes queremos vivir en paz. La gran riqueza de nuestro tiempo radica en la oportunidad que tenemos para conocernos entre las civilizaciones del mundo, tomemos esta coyuntura como un medio para guardar al pasado en su sitio y vivir en armonía como una verdadera comunidad global.


© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios informativos en Latinoamérica. Septiembre 2014

martes, 26 de agosto de 2014

Ciudadanizar la agenda política, democratizando la agenda ciudadana

La participación ciudadana es uno de los grandes retos para mantener una gobernanza sana en el siglo XXI. En las democracias modernas las demandas sociales se transmiten a los tomadores de decisión de forma oficial por medio de los partidos políticos, quienes idealmente permiten la inclusión de las inquietudes de los ciudadanos, con el objetivo de construir escenarios legítimos y estables que permitan la convivencia pacífica.
Sin embargo, como lo hemos comentado en las colaboraciones anteriores, las democracias modernas se enfrentan al difícil reto de colegiar los intereses individuales de los nuevos actores con el interés colectivo o general.
Este 2014, que puede considerarse un año no electoral, representa un excelente periodo para que los partidos políticos, que son considerados oficialmente constructores de la democracia en México, puedan como dice la Constitución en su artículo 41 “promover la participación del pueblo en la vida democrática”.
Para alcanzar este objetivo es imprescindible entender, en un primer momento, que la participación de la ciudadanía en la vida democrática de un país no puede limitarse al ejercicio electoral, pues la energía política de los ciudadanos no se gasta únicamente en el acto del voto.
Participar en la vida democrática puede tener una amplia gama de significados, como la inclusión de las demandas ciudadanas en agendas político-partidistas, la rendición de cuentas de los representantes populares, el seguimiento y monitoreo de las iniciativas de que éstos promueven, etc.
En los periodos no electorales, los partidos políticos deben fungir como educadores de la democracia, deben promover valores ciudadanos, fomentar el respecto a las reglas electorales, ciudadanizar los tediosos tecnicismos electorales, etc., todo ello sin necesidad de hacer propaganda política.
En pocas palabras, su papel es crear ciudadanía, ya que la promoción de la participación solo puede lograrse mediante la activación cívica, esto significa que entre más educada y capacitada esté la población en materia de democracia, mayores serán los niveles de participación de los ciudadanos.
Y nos referimos a los partidos políticos porque en ellos recae la mayor responsabilidad de la democracia en México, al tener la tarea de promover “los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes” como lo contempla la tercera fracción del artículo 3º de la Ley General de Partidos Políticos.
En este tenor, la reciente reforma Político-Electoral considera en materia de participación ciudadana cuatro elementos: el impulso a la equidad de género, el fortalecimiento de las candidaturas independientes, el voto extranjero y el garantizar a los pueblos indígenas el reconocimiento de sus gobiernos. 
Estos elementos carecen de mecanismos específicos de participación ciudadana en los partidos políticos, un componente sumamente necesario si tomamos en cuenta el nivel de desprestigio al que se enfrentan estos últimos, como consecuencia de los vergonzosos acontecimientos de algunos de sus representantes, a los que no es necesario entrar en detalle en esta colaboración.
La última medición seria sobre la percepción de la ciudadanía respecto a las instituciones políticas, la ENCUP 2012, muestra que aproximadamente 1 de cada 3 mexicanos considera que en nuestro país no se vive en democracia, 5 de cada diez ven a la política como un tema muy complicado y esa misma proporción considera que el desarrollo económico es más importante que la democracia.
Otro dato interesante de esta medición es baja calificación que los ciudadanos otorgan a las instituciones, donde están prácticamente reprobadas todas las organizaciones que representan a la democracia; desde el extinto IFE con 5.5 de calificación, hasta los Diputados, Senadores y Partidos Políticos que comparten la calificación más baja (4.4). 
Estos datos demuestran la urgente necesidad que debieran tener los partidos políticos para desarrollar nuevas formas de acercamiento con los ciudadanos. Se trata de que cumplan con su obligación como promotores de la cultura democrática, generando más mecanismos de inclusión ciudadana, legitimando sus procesos internos, creando identidades políticas en la población, en pocas palabras, se trata de generar ciudadanía.
La alta efervescencia política que vive actualmente el país, es en parte, resultado de la lejanía de los partidos con la población, pues estos institutos políticos representan también el primer escenario de prevención y atención a las críticas al sistema político en México.
Este es un buen momento para que los partidos construyan con los ciudadanos sus agendas políticas, para que los consulten sobre los temas que más les interesan, para que los inviten a opinar respecto a sus plataformas, posiciones, ideología, políticas y acciones que han desarrollado. Ahora les toca a ellos salir a buscar el apoyo de la sociedad, pues aunque vivimos en un régimen de partidos, quienes tenemos la última palabra somos los ciudadanos.
                                                             
*Dedico esta colaboración a la memoria de un gran oaxaqueño, Don Daniel García Mérida, quien nos enseñó que siempre es un buen momento para cultivar la sabiduría y el conocimiento. Descanse en paz.


© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios informativos en Latinoamérica. Agosto 2014

martes, 19 de agosto de 2014

De buenos y malos gobiernos

Gobernanza en un sentido tradicional significa tener la capacidad para gobernar y dirigir a la sociedad hacia un objetivo común. Aquello tiene como requisito indispensable el reconocimiento de un sistema de reglas que faciliten la interacción entre los actores del Estado.
Este concepto se ha enriquecido con los años debido al reconocimiento de nuevos actores con mayor poder de influencia, que en un buen gobierno, se sujetan a las reglas del juego, pues comparten un objetivo común con los encargados de la dirección del Estado.
Un objetivo que puede denominarse desarrollo social, crecimiento económico, paz y estabilidad o todos los anteriores, ya que éste es siempre multidimensional, buscando transformar aquellas condiciones que demanda la sociedad, en la voz de sus organizaciones.
En la literatura es ampliamente reconocido que a mayor gobernanza, o sea mientras mejores sean los mecanismos de organización de los actores que convergen en un Estado, se alcanzan mejores niveles de desarrollo, pues el mutuo acuerdo en objetivos y el respeto a las normas tienen como consecuencia mayores niveles de estabilidad, paz social y vínculos productivos, lo que posibilita a que los miembros de la sociedad se enfoquen en el mejoramiento de sus actividades individuales, además de permitir que el Estado atienda las demandas más básicas de la pirámide de necesidades de la población.
Por supuesto que este es un escenario ideal que difícilmente puede adecuarse a todas las interacciones que tiene el Estado con la sociedad. Sin embargo, esta estructura nos permite diferenciar entre un buen gobierno y un mal gobierno.
En un buen gobierno sencillamente nadie, ningún grupo actúa por encima de la ley, esto es, se respeta el estado de derecho. Si bien pueden existir desacuerdos entre los principales actores del Estado (gobierno, empresarios, asociaciones civiles, sindicatos, etc.) éstos se resuelven por las vías institucionales, sin afectar a terceros.
En este caso, el gobierno, independientemente de su ideología y corriente política, entiende que no hay una receta para atender todas las demandas de los diferentes actores del poder, pero sabe que cuenta con el apoyo popular porque ha cumplido con sus funciones más básicas: brindar seguridad, propiciar el crecimiento económico, atender a los estratos menos favorecidos, hacer cumplir la ley, y en el marco de sus políticas públicas; ser transparente y responsable con el uso de los recursos.
Para alcanzar este escenario el gobierno debe dar seguimiento puntual a los actores del Estado, saber quiénes son los grupos con poder y qué buscan, para invitarlos a participar con ellos en la planeación e implementación de las políticas públicas (concientizándolos sobre los límites y alcances de las mismas) antes de que algún descontento evolucione hacia algún esquema de desobediencia civil. 
Por el contrario, en un mal gobierno los actores del Estado actúan por encima de la ley, anteponiendo sus particulares intereses sobre los de la colectividad. El gobierno no hace cumplir la ley, lo que genera un fuerte descontento con la ciudadanía. Se comenten por parte de algunos grupos perfectamente identificados actos delictivos que afectan al comercio, se dañan los edificios públicos sin sanción alguna, se bloquea y deteriora el espacio público.
Lo más peligroso de este escenario no es la ineficacia de la institución estatal en el cumplimiento de sus funciones más básicas, sino la polarización de la población, que puede optar por apoyar a cualquiera de las partes, al grado de defender incluso actos vandálicos y ofensivos, olvidando que el desarrollo social no puede erigirse sobre la impudicia, y que el principal conflicto no es entre las bases, sino entre los dirigentes.
Por supuesto que se puede estar en desacuerdo con el Gobierno en turno, con sus políticas y acciones, de eso se trata la democracia, de enriquecer al Estado mediante la pluralidad de sus actores, pero si se pretende evitar la anarquía, se deben respetar las reglas del juego.
Si lo que se busca es alcanzar algún objetivo público (más recursos para escuelas, hospitales, mejores salarios, etc.) se debe convencer tanto a los actores en el poder como a los ciudadanos sobre la importancia de su demanda.
Mostrar este tipo de evidencia no es una tarea sencilla, requiere de reflexión, investigación y estudios formales. Ello significa demostrar con datos fehacientes y comprobables que el estado actual de las cosas no es el adecuado, y que en caso de que se cumplan sus demandas, se logrará resolver la situación de forma transparente para la sociedad.
En la democracia el poder emana del pueblo. Sin la venia de éste, ninguna organización, llámese gobierno, sindicato o empresa puede actuar de forma legítima. Si el interés del pueblo se ve afectado; si sus derechos se vulneran; si su tranquilidad se transgrede, podemos decir que hay un mal gobierno, y los malos gobiernos no pueden ser tolerados si aspiramos al desarrollo de una gobernanza democrática.


© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios informativos en Latinoamérica. Agosto 2014

martes, 12 de agosto de 2014

Las transformaciones del poder

El mundo está cambiando a pasos agigantados. Muchos de estos cambios no son percibidos por el grueso de la población y desafortunadamente no son interpretados de manera adecuada por quienes toman decisiones en nuestros Estados y países, quienes no han entendido que una de las mejores herramientas para la transformación es la participación en el marco de un poder común. 
Hace un año, el columnista internacional Moises Naim publicó un libro que analiza justamente las grandes transformaciones del poder en el siglo XXI, titulado “The end of Power” (El fin del poder) en el cual expuso cómo ha cambiado la naturaleza del poder y su influencia en un mundo globalizado e hiperconectado.
El escenario que plantea Naim es complejo, ya que arguye que en el presente siglo los poderes tradicionales verán reducida su influencia frente a nuevos actores (pequeños y medianos) que tienen un mejor manejo de las herramientas de la globalización, y por tanto una mayor capacidad de persuasión e interacción con la población en general, que es el actor con mayor influencia en las democracias, de forma que el poder ha adquirido una variable dicotómica importante; es más fácil de obtener, pero mucho más difícil de conservar.
Hoy en día, vivimos en un escenario donde la sociedad civil es más crítica; donde el ciudadano del siglo XXI está más interesado y enterado de lo que ocurre más allá de sus fronteras. En estos momentos tenemos la mayor proporción y volumen de jóvenes que se haya visto en la historia de la humanidad; es también la generación más educada, más comunicada y con mayores redes.
En la actualidad, una persona vive en promedio más años, goza de mejores niveles de salud, está más educada, cuenta con mayores ingresos y tiene más tiempo libre para relacionarse con un mayor número de personas, lo que amplía sus aspiraciones y por tanto sus niveles de preparación profesional.
Sin embargo, hay que reconocer que vivimos en la era de la distracción, y que los distintos medios que nos permiten estar actualizados de los acontecimientos del mundo, como el internet y las redes sociales, son también instrumentos que pueden afectar nuestro rendimiento académico o profesional o en su defecto hacernos cómplices pasivos de lo que ocurre en el mundo. 
Las redes sociales por ejemplo, son útiles instrumentos de difusión para las campañas mediáticas, pero están lejos de ser elementos de presión determinantes para la resolución de un conflicto en particular: ¿Acaso un like en Facebook o un RT en Twitter contribuyen a la resolución de un problema o son simplemente muestras de un activismo virtual vacío?
Por otro lado, Moises Naim también expone en su descripción de los cambios en el poder durante el siglo XXI, el reconocimiento de que el Estado solo contribuye a la transformación social, mas no es un actor determinante de la misma. Millones de ciudadanos en diversas partes del mundo democrático saben que el poder estatal no es invulnerable, de forma que pueden identificar las debilidades de las instituciones y en algunas ocasiones las embisten para alcanzar sus metas.
Algunos grupos de presión aprovechan la debilidad del Estado para alcanzar sus objetivos políticos aunque esto signifique afectar a la ciudadanía, anteponiendo sus intereses particulares por encima de los generales, revelando que el miedo al Estado represor ha sido superado por una sensación de debilidad estatal, donde el único agente al que se le confía el monopolio legítimo de la fuerza teme hacer uso de la misma, ya sea por desconocimiento de la ley y las formas o por la falta de legitimidad con los ciudadanos.
La lección a entender es sencilla: Es preponderante que se obedezca a un poder común, que no tiene que ser el Estado, ni solamente la sociedad civil o sus organizaciones, sino que puede ser representado por una figura reconocida por todos los implicados, que bien puede llamarse bienestar, progreso, desarrollo, civilidad, etc., pero que debe ser respetado tanto o más que la ley escrita, como un poder superior.
¿Qué ocurre cuando no hay un poder común, cuando los principales actores no entienden su rol social, cuando los nuevos actores pretenden mantener su poder a cualquier costo sin importar el interés general? Se vive en un ambiente de caos y anarquía.
La herramienta clave para solucionar o prever este escenario es la participación, donde deben intervenir todos los actores involucrados: gobierno y oposición, empresarios y sindicatos, ciudadanos y organizaciones, todos dentro de un único marco común, el ya mencionado poder superior.
El reconocimiento de este poder es vital para construir escenarios de bienestar, estabilidad y paz social, ya que la participación -como el internet y las redes sociales- es una herramienta que puede potenciar la capacidad colectiva del individuo al infinito. Sin embargo, participar en ausencia de un poder común, constituye simplemente un acto de distracción, que refuerza las enemistades, deslegitima a las instituciones y condena a quienes no han entendido los grandes cambios del poder en el siglo XXI.


© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios informativos en Latinoamérica. Agosto 2014

martes, 5 de agosto de 2014

El país de los condenados

Esta es la historia de un país inventado, donde casi nada funciona correctamente. Por más esfuerzos que hagan tanto los actores del poder como la población en general no se logran alcanzar los objetivos del progreso, una promesa desgastada entre las generaciones más añejas, pero que sigue vigente entre los jóvenes de pensamiento.
Es un país donde reinan la anarquía, la corrupción y la pobreza; donde ningún grupo juega el rol que le corresponde, pues se han importado todos los modelos funcionales para el desarrollo de un Estado, sin entenderlos. Tienen gobierno, leyes, partidos políticos, empresas, sindicatos, asociaciones, etc., pero no logran nunca alinear sus objetivos.
La pluralidad de actores, en vez de enriquecer las iniciativas nacionales, tiene secuestrado al país por los intereses de grupos particulares: de individuos con poder en el gobierno y en la oposición, de líderes sociales cuya visión es limitada e individualista, de empresarios que temen a la competencia y de una sociedad civil cansada de no ver resultados positivos.
En este lugar sobran las banderas sociales para comenzar un levantamiento, una manifestación, o cualquier acción de desobediencia civil en contra del gobierno, de forma que la pobreza de unos se traduce solamente en el malestar político de otros, pero nunca se atiende, haciendo evidente que la legitima defensa del desarrollo no es un elemento determinante para la transformación social, si contiene como fin funcional un elemento de presión política.
Es un país de apariencias y desentendimientos. En la ‘foto’ todo sale bien, pero en la realidad ningún actor ha comprendido lo que significa pertenecer a una nación, que no es otra cosa que formar parte de un equipo masivo para compartir un destino común. 
Los empresarios no comprenden los términos ‘productividad y competencia’ solamente entienden de ‘ganancias’ sin arriesgarse al enfrentamiento del mercado, ni pensar en el compromiso social con sus consumidores.
El gobierno es reaccionario, no previsor, espera que la agenda nacional se dicte de acuerdo a los acontecimientos que ‘tocan fondo’, con una filosofía lineal: primero lo urgente, después lo importante. No entiende la complejidad con la que se debe gobernar hoy en día, donde es necesario lidiar con todos los actores, ya que su trabajo más fundamental es asegurarse que nadie esté por encima de la ley.
La buena gobernanza involucra un equilibrio entre los actores, que solo se alcanza mediante la participación de los mismos en la construcción de los proyectos nacionales.
Los sindicatos, en vez de defender a los trabajadores y por tanto, ser aliados naturales de las masas, están coludidos por la voluntad política de algunos. Sus miembros difícilmente cuestionan las órdenes de sus dirigentes, pese a que éstas afectan directamente su dignidad humana e infringen sus derechos.
Sus líderes no entienden que la mejor manera de ganarse el apoyo popular y obtener la atención del gobierno, no es bloqueando calles, tomando plazas o destruyendo edificios públicos, sino que es necesario mostrar evidencia tangible que respalde la urgencia para la atención de sus demandas. Es exponer con datos duros y experiencias cualitativas el problema que buscan atender, así como dar a conocer su propuesta de solución, mediante canales transparentes y accesibles para la población interesada.
La sociedad civil, representada por organizaciones sin otro fin más que la transformación, actúa sin la venia del pueblo; sus legítimas causas son compartidas, pero no logran el involucramiento de las masas, ni mucho menos de los actores políticos, que solamente atienden con la lógica del voto o del beneficio económico. 
La población está fatigada. La desesperanza es un síndrome que afecta a quienes con pasión exigen un cambio y no ven traducida su energía política en ninguna transformación.
Los más radicales piden la desaparición de las instituciones del estado: una revolución, un levantamiento, ‘un borrón y cuenta nueva’, pues tienen razones para creer que la política y la institución gubernamental están fuertemente vinculados con la ‘mafia’ del poder. Una solución poco viable, impregnada de idealismo, demasiado lejana para una realidad compleja, interdependiente y global.
En nuestro país inventado no son tomadas en cuenta las ideas nuevas, no hay acuerdos, ni asociaciones estratégicas. Los jóvenes políticos solamente maduran las ideas de los malos gobernantes, retroalimentando al sistema con el mismo veneno que lo condenó a vivir dentro de un círculo vicioso: la intención personal, antepuesta al interés general.
No habrá final feliz en esta historia hasta que la enemistad entre los principales actores del poder sea superada. El no entender que un país, una nación o un Estado son un equipo que comparte un destino común, representa un error fatal, porque ninguna población puede desarrollarse en el conflicto.
Más allá de las fronteras hay otros que por voluntad u obligación, sí están jugando como equipo, sí reconocen un interés general, sí son congruentes con su rol como actores nacionales, situación que les genera una oportunidad indiscutible para aprovecharse de aquellos que viven en el país del caos, el estancamiento y el enfrentamiento constante.


© Ignacio Pareja Amador, publicado en diversos periódicos y medios informativos en Latinoamérica. Agosto 2014